El 13 de febrero de 2025, en horas de la noche, efectivos policiales de la Guardia Republicana acudieron a un domicilio de la ciudad de Maldonado, tras un llamado al Servicio de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un posible caso de abuso sexual hacia una mujer mayor de edad.
Las actuaciones fueron asumidas por la Unidad Especializada en Violencia Doméstica de Maldonado, que dio intervención a la justicia competente. Entre las medidas dispuestas inicialmente, se estableció la prohibición de comunicación y acercamiento del denunciado, un hombre mayor de edad con antecedentes penales, hacia la víctima, en un radio de 1.000 metros por el plazo de 180 días.
Posteriormente, el 3 de agosto de 2025, la Fiscalía Letrada Departamental de San Carlos de 2.º Turno solicitó la orden de detención del indagado, la cual fue dispuesta por la Jueza Especializada en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual. El individuo fue detenido ese mismo día en la ciudad de Treinta y Tres por personal de la Comisaría 3.ª, tras las correspondientes coordinaciones.
Tras su traslado a Maldonado, y culminada la audiencia judicial celebrada el 4 de agosto de 2025, la magistrada actuante dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado. Se le impuso una pena de tres años de penitenciaría, aunque se resolvió el aplazamiento del cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, quedando el condenado sujeto a las siguientes medidas:
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Fijar domicilio y no modificarlo sin notificar previamente al tribunal.
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Prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima.
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Arresto domiciliario.
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Vigilancia mediante dispositivo electrónico de rastreo unilateral.
