La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de Ley de Forestal, con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, pero el gobierno lo vetará tal como lo había anunciado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Este miércoles 15 de diciembre, se analizó en el Senado el proyecto de Ley de Forestal que impulsó Cabildo Abierto y que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes hace exactamente un año.
La iniciativa contó con los votos de los senadores del Frente Amplio (13) y Cabildo Abierto (tres), pero se opusieron los parlamentarios de los partidos Nacional y Colorado. El resultado fue de 16 en 31 legisladores presentes.
A través de la propuesta se plantea limitar la aprobación de proyectos forestales de bosques de rendimiento que sobrepasan densidades de siembra de 150 árboles por hectárea exclusivamente a las áreas comprendidas dentro de la Ley Forestal 15.939 y los decretos reglamentarios referidos a dicha Ley. Asimismo, que los productores y empresas rurales, industriales o agroindustriales dedicados a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacional estarán obligados a la instauración de proyectos de rotación de cultivos.
Tensión en la coalición de gobierno
El proyecto pasó al Poder Ejecutivo, para completar el trámite, pero será vetado por el presidente Lacalle Pou, quien en las últimas horas aseguró que rechaza la iniciativa que impulsó Cabildo Abierto.
De este modo, se genera una nueva fuerte tensión entre los socios de la coalición multicolor, ya que Cabildo Abierto insistió con su proyecto a pesar de las advertencias del Ejecutivo.
Días pasados, el gobierno aprobó un decreto que hace referencia a un ajuste en los criterios de clasificación de los proyectos forestales en Uruguay. La iniciativa agrega el control ambiental de las producciones menores a 100 hectáreas. Asimismo, “ajusta los criterios para las producciones mayores a 100 hectáreas, dado que además de la dimensión del cuidado del suelo también incorpora la protección de las corrientes de agua, la biodiversidad y el valor patrimonial”.
Desde el Poder Ejecutivo se dijo que con el decreto era innecesaria una nueva Ley Forestal.
LaRed21
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