El juez federal de Dolores afirmó que el falso abogado Marcelo D’Alessio realiza operaciones ilegales “vinculadas con el poder judicial, ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y medios de prensa” desde hace tiempo. También señaló que Carlos Stornelli no es el único fiscal involucrado en el caso y aseguró que la organización “operaba en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos”.
“Es una red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes”. La definición del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados dejó en claro cómo afecta gravemente el estado de derecho los delitos que destapó su investigación, que arrancó con la denuncia por extorsión contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y que derivó en todo un tejido de operaciones ilegales de inteligencia “vinculadas con el poder judicial, ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y medios de prensa” que datan desde hace bastante tiempo. Operaciones, que según el juez, exceden a nuestro país y puede poner en peligro las relaciones con países como Uruguay, Venezuela, Irán, Israel y Estados Unidos”, a cuyos servicios de inteligencia aseguraba responder D’Alessio. El falso abogado contaba con membretes de la representación diplomática norteamericana en la Argentina, además del ministerio de Seguridad israelí. La embajada de Estados Unidos aún no respondió sobre la veracidad de las credenciales.
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El magistrado reconoció que el fiscal federal Carlos Stornelli no es el único miembro del poder investigado en su causa. Los diputados de Cambiemos no acudieron a la reunión de comisión y difundieron un comunicado en el que “rechazan la puesta en escena”, como consideraron la convocatoria de Ramos Padilla. Desde el FpV-PJ y también desde otros bloques opositores reclamaron que la Corte provea de los elementos que solicitó el juzgado de Dolores (ver recuadro) y que el Gobierno le brinde seguridad al juez. Además, pusieron bajo sospecha a las diputadas Elisa Carrió y Paula Olivetto, de la Coalición Cívica, de estrechos vínculos con D’Alessio y “usuarias” de su informes de inteligencia.
De extorsión a espionaje
Ramos Padilla expuso por dos horas y diez minutos –con un pequeño intervalo– ante la comisión. Dio detalles de la causa que perdió el secreto de sumario luego de que el juez Julián Ercolini reclamara la competencia de la causa, “sin conocer el objeto procesal” de la investigación. Una investigación, que según el juez, dio “un vuelco de 180 grados” tras el allanamiento a la casa de D’Alessio. La causa iniciada por la denuncia por extorsión del productor agropecuario Pedro Etchebest –que aportó 14 horas de audios, filmaciones y fotografías– derivó en el descubrimiento de una red de espionaje integrada por “agentes orgánicos o inorgánicos de los servicios de inteligencia”, de la que formaba parte D’Alessio.
Allí, el falso abogado quiso evitar el secuestro de sus teléfonos y computadoras, al tiempo que confesaba que el material en esos archivos estaba vinculado a investigaciones de inteligencia mientras invocaba el auxilio y protección de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del propio presidente Mauricio Macri. Ramos Padilla, que solo ratificó las cuestiones que ya habían trascendido del expediente y evitando cualquier opinión sobre los involucrados en la causa, pasó el audio en el que D’Alessio hacía esas invocaciones.
Carpetas
En uno solo de los cuatros discos rígidos que el juzgado logró desentrañar hasta ahora, así como de su Iphone 10, encontró varias carpetas de operaciones de inteligencia. Una de ellas –bajo el título “De Vido, Baratta, Moyano, D’Elía”–, D’Alessio describía cómo había operado en la causa judicial de GNL, por la que están presos De Vido y Baratta, luego de estar “infiltrado un año y medio en Enarsa” para la central de inteligencia estadounidense NCS. Lo mismo sobre su relación con el periodista de Clarín Daniel Santoro, el aporte que hizo a su libro y la declaración ante el fiscal Stornelli. Además del “ablande” al ex funcionario de la petrolera venezolana Pdvsa, Gonzalo Brusa Duvat, al que le pactó una entrevista con Santoro antes de llevarlo personalmente al despacho de Stornelli. También había información sobre supuestos protocolos de la DEA y de personal de la “embajada de los Estados Unidos”, que brindaba protección a él y su familia. “Es el Centeno de Pdvsa”, le comentaba en mensajes telefónicos a Mario Montoto, un empresario dedicado a la venta de armas y de “gran amistad” con Stornelli.
Otra carpeta estaba dedicada a las declaraciones de Leonardo Fariña contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Había también un diagrama de una campaña presidencial, con el aporte “del consejo de asesores del presidente de los Estados Unidos”, más un “grupo satelital” encargado de las “operaciones” judiciales y periodísticas.
En otra de las carpetas se detallaba el mecanismo de duplicación de identidades para personas con pedidos de capturas realizada por el Congreso nacional. Otra estaba dedicada a su relación con los tribunales de Comodoro Py. También había archivos sobre el narcotráfico en Rosario. Y otra carpeta explicaba el espionaje al empresario Gabriel Traficante, en una operación de extorsión con fotos y filmaciones de su seguimiento personal y sobre sus propiedades realizadas con uso de drones.
Algunas de las notas de D’Alessio remitían a un supuesto superior en el entramado de espionaje que identifica con la sigla RB. Las iniciales podrían ser las de otro preso en la causa de extorsión, el ex comisario de la bonaerense Ricardo Bogoliuk, quien trabajó para la AFI hasta 2017. El otro ex comisario bonaerense preso es Aníbal Degastaldi.
Iphone
Los celulares de D’Alessio también revelan otros vínculos de la trama de espionaje. Una cámara oculta al abogado Juan Manuel Ubeira, abogado defensor de Oscar Thomas, ex titular de Yaciretá, y de Federico Elaskar ex dueño de la financiera SGI, para que su defendido denuncie en otra causa que le interesaba a D’Alessio, y que habría pactado con Stornelli a través WhatsApp. Aunque admitía que la operación le traería problemas con Patricia Buulrich, que según el falso abogado le pagaba 200 mil pesos mensuales por la defensa judicial de Fariña.
También dejan al descubierto otra operación contra una supuesta compañía iraní en Uruguay, que comerciaba a través de empresas rusas y que quería evitar que realizara negocios con el Gobierno argentino. Y que complicó a dirigentes del Frente Amplio uruguayo. Tarea por la que D’Alessio decía reportar a “Maine”, el estado vecino a Canadá donde está la sede de NCS. Es algo que repite con frecuencia en sus mensajes y conversaciones. Lo mismo con su supuesta participación en la “extracción” de funcionarios estadounidenses de Venezuela, y también de la Argentina.
Causa
Ante la pregunta de los diputados, Ramos Padilla reconoció que también aparecen mencionados en la causa los periodistas Rodrigo Alegre, Eduardo Feimann y Rolando Graña, por participar de las entrevistas armadas por D’Alessio, y señaló que prefirió no dar a conocer los nombres con anterioridad para preservarlos y porque “pueden ser víctimas”. Aunque aclaró que en esos casos no se encontraron carpetas de inteligencia sobre sus ideologías, como sí había sucedido en los casos de Alejandro Fantino y Romina Manguel, archivos que D’Alessio habría armado con información suministrada por Santoro.
El juez también respondió sobre el intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz, que aparece en los videos de la causa por extorsión junto a Stornelli en el balneario CR de Pinamar. Ramos Padilla dijo que Sáenz fue hasta su juzgado, declaró y hasta puso a disposición su celular.
El magistrado sostuvo que es víctima de operaciones mediáticas. Justificó su participación en las marchas del 24 de marzo por su participación en los juicios de lesa humanidad y su compromiso con el Estado de Derecho. Y que también alguna vez marchó junto a ex combatientes de Malvinas en apoyo a su reclamo por la identificación de las tumbas NN en las islas.
Ramos Padilla cuestionó que se naturalice en los medios la participación de jueces y fiscales en actividades de la embajada estadounidense. “Las relaciones internacionales deben estar en manos del ministerio de Relaciones Exteriores”, afirmó en el cierre de su paso por el Congreso.
Fuente: Página 12
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