La administración del intendente nacionalista Enrique Antía interpondrá un recurso administrativo ante la Cámara de Representantes y promoverá una acción por lesión a la autonomía departamental ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), luego que Diputados anulara la autorización para construir un hotel sobre el arroyo Maldonado.
El miércoles pasado, el plenario de la Cámara de Diputados anuló un acto administrativo de Antía que habilitó una solicitud de anuencia para la construcción de un hotel sobre el arroyo Maldonado. La anulación del mismo fue promovida por más de mil firmas de ciudadanos amparados en lo establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República. El planteo fue de recibo y fue aceptado el pasado miércoles con el voto de 52 diputados en 93 presentes en sala.
A favor del reclamo votó la mayoría de la bancada del Frente Amplio, dos diputados del Partido Independiente y uno de Asamblea Popular. El planteo fue rechazado por el diputado Darío Pérez y los legisladores blancos y colorados. Durante el debate quedaron en evidencia las diferencias políticas y personales entre los diputados oficialistas Pérez y Óscar de los Santos.
Reacción
“La resolución de la Cámara de Representantes carece de fundamentos, parte de premisas falsas y además contiene aberraciones jurídicas”, dijo a El País el prosecretario general municipal Álvaro Villegas, que agregó que esa decisión legislativa afecta la seguridad jurídica, genera una gran incertidumbre y constituye una “pésima señal para la inversión”.
“Vamos a interponer un recurso administrativo ante la Cámara de Representantes sin perjuicio de promover una acción por lesión a la autonomía departamental ante la Suprema Corte de Justicia”, anunció el jerarca municipal.
Para Villegas, la decisión parlamentaria “se basa en interpretaciones truchas desde el punto de vista legal. Se le dio curso a un recurso que claramente no procede, no debería haber sido tramitado por la vía legislativa”. Según él, el Parlamento no tiene facultades para expedirse sobre este tipo de trámites administrativos de un gobierno departamental.
“No se trata de un acto de gobierno por el simple hecho que haya intervenido la Junta Departamental en su condición de control. Esto es una aberración jurídica. Se realizaron interpretaciones truchas que carecen de toda solidez legal”, indicó.
“Tampoco descartamos iniciar una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De cualquier forma podemos accionar en cualquier momento ante la SCJ por la lesión a la autonomía departamental”, agregó.
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