El 18 de octubre, próximo al mediodía, el servicio de Emergencias 9-1-1 recibió un llamado alertando sobre un posible conflicto familiar en una vivienda ubicada en la calle Costanera, en la localidad de La Capuera.
De inmediato, se desplazó al lugar personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Zona Operacional I, quienes se entrevistaron con un hombre mayor que manifestó que, momentos antes, se había producido una discusión entre integrantes del núcleo familiar, pero que la situación ya se encontraba controlada.
Minutos después de retirarse los efectivos, el 9-1-1 recibió una nueva alerta, esta vez por disparos de arma de fuego en la misma vivienda. Inmediatamente se desplegó un operativo que contó con la participación de la URPM, la Seccional 11ª de Piriápolis, el Área de Investigaciones de Zona Operacional I y el Destacamento de Sauce de Portezuelo.
Al arribar al lugar, los policías encontraron a la víctima en la esquina de la vivienda, con heridas sangrantes en la pierna derecha y el brazo izquierdo, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron que las lesiones habían sido causadas por arma de fuego.
El presunto agresor fue localizado dentro de la vivienda, intervenido y derivado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Piriápolis, que asumió la investigación.
La Fiscal Especializada en Violencia Doméstica dispuso diversas diligencias, entre ellas la valoración forense de la víctima y la conducción del detenido a su despacho para continuar con las indagatorias.
Finalizadas las instancias en Fiscalía, el 20 de octubre se celebró una audiencia en el Juzgado Letrado Especializado en Violencia Doméstica, Género y Sexual de San Carlos de 3.º turno, donde se condenó al agresor como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de tenencia de armas no autorizada.
Se le impuso una pena de 12 meses de prisión, que se cumplirá en régimen de libertad a prueba, con las siguientes obligaciones:
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Residir en un lugar determinado.
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Sujetarse a la orientación y vigilancia permanente por parte de DINAMA.
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Presentarse una vez por semana en la seccional policial de su domicilio, sin obligación de permanencia.
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Prestar trabajos comunitarios durante 2 horas semanales por 3 meses.
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Prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima por 500 metros.
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Colocación de dispositivo electrónico bilateral durante todo el plazo de la condena.
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Cumplir arresto domiciliario nocturno únicamente durante los primeros 8 meses, en el horario de 22:00 a 05:00 del día siguiente.
