La Fiscalía ha decidido convocar como indagados al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, en relación con el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Esta situación ha suscitado un intenso debate y se espera que las declaraciones de los implicados arrojen luz sobre las circunstancias que rodearon tal cuestionado acto.
El caso se remonta a agosto de 2022, cuando tanto Heber como Bustillo fueron interpelados debido a la entrega del pasaporte que permitió la liberación de Marset de una cárcel en Dubai. El narcotraficante había sido arrestado por intentar ingresar a Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte falso de Paraguay. A pesar de esto, el Estado uruguayo le otorgó un pasaporte, lo cual generó un gran escándalo.
Durante la interpelación, salieron a la luz conversaciones mantenidas por el subdirector de Interior, Guillermo Maciel, y la dos de cancillería, Carolina Ache, en las que se discutía el perfil “peligroso” de Marset. Estas conversaciones tuvieron lugar antes de que se le entregara la documentación al narcotraficante en noviembre de 2021. Además, se descubrió que la valija diplomática que contenía el pasaporte de Marset fue recibida por un familiar el 27 de diciembre de ese mismo año.
La revelación de estas conversaciones provocó la renuncia de Carolina Ache a su cargo. El escándalo se extendió hasta el presente, y ahora la Fiscalía ha decidido citar a los ministros Heber y Bustillo en calidad de indagados para esclarecer los detalles del caso.
Las citaciones por el caso del “pasaporte narco”
Se espera que un total de 12 personas declaren como indagadas a partir del 28 de julio en relación con este asunto. Las declaraciones proporcionarán información adicional sobre la cadena de eventos que condujeron a la entrega del pasaporte a Marset y arrojarán luz sobre posibles responsabilidades y negligencias. Este caso ha tomado el nombre popular de “caso del pasaporte narco”, como se le ha llamado en redes sociales como Twitter.
La Fiscalía tiene la tarea de investigar cualquier posible irregularidad en este caso y determinar si existieron violaciones a la ley por parte de los funcionarios involucrados. Por un lado, se plantea la cuestión de cómo un narcotraficante pudo obtener un pasaporte uruguayo a pesar de sus antecedentes y su detención en otro país. Esto plantea interrogantes sobre los procedimientos de verificación y seguridad del sistema de emisión de pasaportes en Uruguay.
Además, el hecho de que funcionarios de alto rango, como el ministro del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores, estén siendo citados como indagados podría sugerir que habría responsabilidades políticas en juego.
laRed21
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