“No fue detectada por la suscripta ninguna falta administrativa”, dice el documento que ya fue enviado a Fiscalía.
Cancillería culminó en las últimas horas la investigación administrativa que había sido ordenada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, en cuanto a si habían existido o no irregularidades en la entrega de un pasaporte al narco Sebastián Marset mientras estaba preso en Emiratos Árabes.
En setiembre de 2021 Marset fue enviado a prisión en Dubái por contar con un pasaporte paraguayo falso. En octubre, en tanto, accedió al pasaporte uruguayo. Durante su comparecencia en el Parlamento, en agosto pasado, donde fue interpelado, Bustillo se comprometió a realizar una investigación administrativa.
En el resultado de la misma, al que accedió El País, la instructora a cargo señaló que “no fue detectada por la suscripta ninguna falta administrativa ni relativa al procedimiento de gestión de pasaporte, ni en cuanto a las comunicaciones formales por las que se impartieron instrucciones”.
El documento agrega que, “respecto al procedimiento de gestión y emisión del pasaporte, en todo momento la Oficina Consular actuante solicitó instrucciones y procedió de acuerdo a lo instituido”.
Según la instructora, las oficinas que participaron en el procedimiento que terminó con la entrega del pasaporte (el Departamento de Documentación de Viaje y la dirección de Asuntos Consulares), “se ciñeron” a sus competencias.
“No surge —continúa el documento— de las comunicaciones vertidas ningún trato excepcional en la gestión del pasaporte, recordando que la atención inicial del caso surge por el hecho de encontrarse un ciudadano uruguayo privado de libertad en el exterior y, por lo tanto, se gestionó la asistencia consular de estilo”.
La instructora sostiene que fueron indagados todos los funcionarios de Cancillería que tuvieron intervención en la tramitación del pasaporte para Marset. Estos fueron consultados sobre si recibieron instrucciones por parte de algún jerarca para que procedan de una forma diferente al habitual y “todas las respuestas fueron negativas”.
Las conclusiones a las que llegó la instructora, fueron avaladas por la Sala de Abogados de la cartera, y fueron presentadas el viernes al fiscal a cargo de la investigación, Enrique Rodríguez.
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