El Gobierno instó a la población a ser responsable para evitar contagios de COVID-19 en el país y explicó que podrá multar con hasta 1.000 unidades reajustables a quienes organicen actividades no autorizadas, además de realizar la denuncia policial y, si hay desacato, la denuncia judicial. Para el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, perder los resultados obtenidos por una fiesta “no es la opción de hoy”.
En una conferencia de prensa, Delgado subrayó que las fiestas no autorizadas, con una gran cantidad de personas, ponen en riesgo la salud de la población que todos los uruguayos tenemos que cuidar. Reiteró que los protocolos y su cumplimiento posibilitan la apertura de actividades.
Como ejemplo de la preocupación de las autoridades, rememoró que el 1.º de junio Costa Rica registró 1.056 casos de COVID-19 y Uruguay tenía 823, pero el 12 de setiembre Costa Rica contabilizó 53.969 casos y Uruguay 1.772. “Esto está controlado hasta que se descontrola, lo vamos administrando y acá no hay nadie curado hasta que no haya una vacuna”, estableció.
El secretario de la Presidencia señaló las fiestas como el mayor riesgo para la salud pública. “Perder lo que fuimos ganando por una fiesta, me parece que no es la opción de hoy”, consideró Delgado. El riesgo para la salud pública implica que el Gobierno nacional ponga todo el peso de la ley para aplicar los controles y las sanciones necesarias, lo que implicará multas, clausuras y denuncias penales. Remarcó que la situación es diferente a la de restaurantes o las fiestas infantiles, ambos con protocolos aprobados.
Delgado apeló a la libertad responsable y la conciencia individual para que nos cuidemos entre todos. “No se va a permitir que aquello que no está habilitado se realice igual y, en eso, el Gobierno tiene la obligación de cuidar a la gente, va a ser muy estricto y muy severo, con las disculpas del caso, pero con la responsabilidad toda de tener que asumir esa tarea, que es en pos de un estatus sanitario que nos ganamos entre todos”, indicó.
Sobre las elecciones departamentales del domingo 27, Delgado reconoció el trabajo entre la Corte Electoral y el Ministerio de Salud Pública, con la participación del Sistema Nacional de Emergencias, que incluyó una donación de tapabocas y alcohol en gel para las mesas electorales y un protocolo para el día de la votación que incorporó un cuarto miembro en las mesas para verificar el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones.
Uruguay tiene las fronteras cerradas, recordó Delgado. Los hisopados en la frontera y la certificación sanitaria se aplicarán a los ciudadanos que entren el país. Esto es parte de lo protocolizarán el Ministerio de Salud Pública y la Corte Electoral.
Finalmente, Delgado afirmó que, en el momento de los festejos, todo el sistema político tiene que dar muestras de responsabilidad.
El Estado debe velar por el interés público, aseveró el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y de acuerdo con el mandato legal de la Ley Orgánica de Salud Pública, n.º 9.202, debe adoptar de inmediato, ante la violación de las disposiciones sanitarias, todas las medidas que estén a su alcance conducentes a mantener indemne al país y a la población o a disminuir los riesgos de la infección que puede producir esta pandemia, subrayó Ferrés.
En ese sentido, dijo que existen una serie de medidas que el Gobierno está dispuesto a tomar en los casos de violación a las disposiciones sanitarias. En primer término, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, podrá imponer multas de entre 30 y 1.000 unidades reajustables (entre 37.000 pesos y 1,3 millones de pesos).
Ferrés afirmó que el Gobierno puede y debe clausurar los establecimientos en caso de existir infracciones, realizar las denuncias policiales y ante la Fiscalía en aquellos casos en que exista desacato. “Se trata de proteger a la gente a través del interés general, en el marco de un uso responsable de su libertad”, enfatizó el jerarca.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, apeló a que la población comprenda que las fiestas no autorizadas en lugares cerrados son un riesgo epidemiológico muy importante y representan una amenaza para la salud de los ciudadanos. Salinas recordó que Uruguay tiene un status sanitario transitoriamente aceptable y que los brotes hoy están relativamente controlados, pero que esto se puede perder.
Añadió que la normativa otorga a la cartera determinadas potestades sobre los Gobiernos departamentales, que, si bien colaboraron, el esfuerzo no alcanza, por lo que se actuará junto con el Ministerio del Interior en la vigilancia y la prevención.
