El Tribunal de Apelaciones de París confirmó el laudo arbitral favorable al Estado uruguayo y rechazó la demanda de 3.536 millones de dólares presentada por titulares de un fideicomiso vinculado a la minera Aratirí. La resolución también habilita al país a cobrar unos 4,5 millones de dólares por concepto de costas y costos, además de una sanción adicional de 300.000 dólares.
La Presidencia de la República recibió la comunicación del fallo, dictado el miércoles 28 de octubre, que ratifica la decisión arbitral a favor de Uruguay y desestima las pretensiones de la empresa.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que el litigio comenzó en 2018, cuando los titulares de un fideicomiso propiedad de Aratirí iniciaron un arbitraje contra Uruguay por 3.536 millones de dólares. Según señaló, se trató de la mayor demanda económica que enfrentó el país.
En 2020, el Estado presentó su defensa ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que resolvió a favor de Uruguay.
Sin embargo, los demandantes apelaron y, en 2023, el Tribunal de Apelaciones de París anuló la decisión. Ante esa resolución, Uruguay recurrió a la Corte de Casación de Francia para solicitar su revocación. En 2025, ese tribunal dejó sin efecto el fallo y remitió el caso a otro tribunal de apelaciones.
Posteriormente, con el cambio de Gobierno, Uruguay modificó su estrategia de defensa, incorporó nuevos expertos y contrató otro estudio jurídico. El miércoles 28 de octubre, el Tribunal de Apelaciones de París volvió a pronunciarse a favor del Estado uruguayo y confirmó el laudo arbitral que había rechazado la demanda de Aratirí.
Consecuencias económicas
Díaz explicó que la resolución tiene un impacto económico directo para el país. Por un lado, habilita el cobro de aproximadamente 4.500.000 dólares a los demandantes por concepto de costas y costos. A esa cifra se suma una sanción adicional de 300.000 dólares.
Certeza jurídica
El prosecretario de la Presidencia destacó que el resultado refleja la defensa del interés nacional en litigios arbitrales internacionales. Sostuvo que la resolución demuestra que Uruguay es un país que brinda certezas jurídicas y respeta los contratos.
Díaz también mencionó otros antecedentes, como la negociación con Neltume Ports, en la que se dejó sin efecto otro laudo por 350 millones de dólares, y las negociaciones que se mantienen con el grupo canadiense ATCO, accionista de Montecon.
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