La fiscal de Estupefacientes de Primer Turno, Angelita Romano, rechazó el pedido presentado por el exsenador Jorge Gandini para acceder a la carpeta de investigación de la Operación Trazador.
Romano fundamentó la decisión en que Gandini no es indagado ni víctima en la causa y, por lo tanto, no está comprendido entre quienes pueden acceder a las actuaciones. La fiscal también señaló que la reserva de la carpeta se mantiene para terceros ajenos al procedimiento incluso después de finalizada la investigación.
Gandini había solicitado la carpeta a título personal y sin asistencia letrada, luego de que su nombre y el de su esposa, la contadora Laura Scalabrino Muga, fueran mencionados públicamente en relación con la investigación. En su pedido sostuvo que no habían sido contactados ni citados por ninguna autoridad y afirmó que quería conocer las actuaciones para defender su honor y el de su familia.
El vínculo mencionado en relación con Gandini se relaciona con Pablo Leiva, uno de los condenados en la Operación Trazador. Leiva se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, del sector Por la Patria, y concurría a un local de cobranzas perteneciente a la esposa de Gandini. Gandini reconoció que concurría al local para realizar pagos correspondientes a dos pequeñas empresas constructoras y, ocasionalmente, obligaciones de DGI. Ni Gandini ni Scalabrino están condenados en la causa.
La Operación Trazador culminó con tres condenas vinculadas a delitos de narcotráfico y lavado de activos. Entre los condenados se encuentra Pablo Leiva, quien recibió una pena de dos años y seis meses por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Henry Latorre, señalado como líder de la organización, fue condenado a seis años y seis meses de penitenciaría por tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y lavado de activos.
De acuerdo con lo informado por Romano, el vínculo político de Leiva no era conocido al momento de acordarse las condenas, ya que el imputado aceptó su responsabilidad antes de que estuviera disponible la pericia de su teléfono celular.
La fiscal aclaró que las víctimas, los indagados y sus respectivas defensas sí tienen acceso a la investigación realizada a su respecto.
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