El diputado del Frente Amplio por Maldonado, Joaquín Garlo, dijo a RADIO RBC que el trabajo de la Comisión Investigadora sobre el caso Cardama concluyó con la identificación de “claros hechos con apariencia delictiva”.
Garlo señaló que la semana pasada finalizó el trabajo de la comisión y que el Frente Amplio presentó un informe en mayoría donde, según afirmó, se detallan las irregularidades constatadas y se incorpora documentación que las respalda.
“El objetivo del Frente Amplio desde el primer momento era conocer la verdad. La gente tiene el derecho a saber qué pasó con Cardama”, sostuvo.
El legislador señaló que se trata de un contrato de 90 millones de euros, por lo que consideró necesario esclarecer los hechos e identificar responsabilidades.
Según Garlo, Cardama es “el principal responsable de estas maniobras que afectaron al Estado uruguayo”, pero sostuvo que estas no hubieran sido posibles sin funcionarios públicos que, según afirmó, aceptaron documentación falsa, no controlaron la documentación, aceptaron garantías falsas y realizaron pagos sin los controles correspondientes.
También cuestionó que se haya aceptado documentación en inglés sin traducir ni apostillar, y señaló que parte de estas actuaciones ocurrieron a dos días del cambio de gobierno.
Garlo aclaró que el informe parlamentario no identifica responsabilidades individuales, ya que, según explicó, corresponde a la Fiscalía investigar y eventualmente realizar una acusación, mientras que será la Justicia la que determine las responsabilidades penales.
“Nosotros con mucha seriedad identificamos hechos con apariencia delictiva, claramente acreditados con documentación que respalda lo que estamos diciendo”, afirmó.
El pedido para que intervenga Fiscalía
El diputado indicó que el objetivo ahora es que la Fiscalía investigue los hechos denunciados.
Señaló que el informe establece que sea la Asamblea General la que presente la denuncia ante Fiscalía y expresó su expectativa de que todos los partidos políticos acompañen esa decisión.
Garlo remarcó además el principio de presunción de inocencia y sostuvo que los parlamentarios no tienen atribuciones para determinar si una persona cometió un delito.
“Quienes ejercen la acción penal son los fiscales, no somos los parlamentarios”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó declaraciones de legisladores de la oposición que, según dijo, atribuyen delitos y califican de delincuentes a determinadas personas.
Cuestionamientos a la oposición
Garlo calificó como “una cortina de humo” la denuncia anunciada por la coalición multipartidaria contra la ministra Sandra Lazo y sostuvo que el objetivo sería desviar la atención del “fraude al Estado uruguayo”.
El legislador cuestionó que los informes del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente no hicieran referencia, según afirmó, a las garantías falsas.
Sostuvo que los integrantes de la comisión tuvieron acceso al documento original y al documento que calificó como falso, y que pudieron contrastarlos.
Según Garlo, la empresa que había otorgado la garantía “no existía”, no tenía domicilio ni empleados, no registraba actividad económica desde hacía tres años y se encontraba en proceso de disolución.
El diputado sostuvo además que la comisión acreditó que la ministra Sandra Lazo recorrió “todos los pasos que debía recorrer para proteger los intereses del Estado uruguayo”.
Finalmente, cuestionó que la oposición haya centrado su denuncia en la ministra y reiteró que, a su entender, el foco debe estar puesto en la documentación cuestionada, la garantía falsa y el eventual fraude al Estado uruguayo.
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