En la sesión ordinaria del martes 25 de noviembre, la edila Victoria Blasco advirtió en la Junta Departamental de Maldonado sobre el aumento de denuncias por violencia basada en género en el departamento y señaló la responsabilidad institucional de visibilizar esta problemática. Reafirmó la necesidad de acompañar a las organizaciones que trabajan en el territorio, fortalecer las campañas públicas y avanzar en la creación de espacios con perspectiva de género dentro del legislativo departamental.
Blasco recordó que en 1999 la ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Mirabal —Minerva, María Teresa y Patria— asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Su valentía convirtió a “las mariposas” en un símbolo global de resistencia feminista y defensa de los derechos humanos.
La edila subrayó que la violencia contra las mujeres es un problema político, histórico y estructural, no un asunto privado. Señaló que, según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 43.000 denuncias por violencia basada en género, y que durante 2024 se presentó una denuncia cada 12 minutos. Además, más de 3.300 denuncias por delitos sexuales tuvieron como víctimas a mujeres y niñas, en más del 80 % de los casos. Uruguay continúa registrando entre 20 y 30 femicidios por año, la mayoría cometidos por parejas o exparejas, muchas de ellas previamente denunciadas.
Explicó que estos datos revelan desigualdad estructural. Recordó que, si bien el concepto de “violencia doméstica” sigue vigente en ámbitos legales y estadísticos, desde 2017 la Ley 19.580 incorporó el enfoque de violencia basada en género, reconociendo su carácter social y estructural.
Blasco citó reflexiones de autoras como Rita Segato, Pierre Bourdieu y Judith Butler para explicar las dimensiones simbólicas, económicas y culturales de la violencia. Destacó que las mujeres ganan, en promedio, un 20 % menos que los varones y realizan tres veces más trabajo no remunerado, lo que afecta su autonomía para salir de vínculos violentos.
La edila valoró el marco legal uruguayo, especialmente la Ley 19.580, que reconoce 21 formas de violencia y obliga al Estado a prevenir, proteger, investigar y reparar. Sin embargo, señaló que aún existen barreras de acceso a la justicia, a la salud mental, a vivienda, a redes de cuidados y a apoyo económico.
En este sentido, llamó a asumir la responsabilidad institucional de nombrar el problema sin relativizarlo, promover campañas educativas y culturales y respaldar el trabajo de organizaciones sociales y feministas. Propuso que la Comisión de Género de la Junta Departamental impulse instancias de formación con perspectiva de género, señalando que “el silencio institucional también es una forma de violencia”.
Finalmente, Blasco sostuvo que la erradicación de la violencia basada en género requiere igualdad económica, autonomía, cuidados colectivos, acceso a salud integral, educación sexual integral y protección social. “No alcanza con pedirle a cada mujer que denuncie; el Estado y la sociedad deben garantizar que, si denuncia, no quede sola”, expresó.
“Hoy 25 de noviembre honramos a quienes ya no están, pero también a quienes sobrevivieron. No queremos mujeres más fuertes: queremos mujeres más libres. Que este día no sea un acto ceremonial, sino una decisión política. Porque cada vida perdida es un fracaso democrático, y cada mujer acompañada es un logro colectivo”, afirmó.
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