Los legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP), el senador Nicolás Viera y el diputado Carlos Rodríguez, se refirieron a la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de las patrullas oceánicas (OPV), y coincidieron en destacar la “responsabilidad institucional” del gobierno actual al tomar esa medida. También expresaron la necesidad de llegar “hasta el hueso” en la investigación de las irregularidades detectadas.
En el caso de Viera, valoró como “responsable y necesaria” la decisión del gobierno. “No había otro camino posible que no fuera aplicar la garantía cuando llegó el día en que se venciera el aval y no había una renovación de ese aval”, aseguró.
El senador explicó que, a pesar de los argumentos de la empresa sobre un supuesto error administrativo a la hora de enviar la renovación del aval, “el hecho concreto es que hoy Uruguay no tiene la garantía de cumplimiento vigente para poder ejecutar en caso de que el astillero Cardama incumpla con la construcción de las patrullas oceánicas”.
En ese sentido, sostuvo que la actitud del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del gobierno “ha sido de mucha responsabilidad institucional” ya que “ha defendido los intereses del país y de la sociedad uruguaya en un negocio que significa cerca de 90 millones de dólares”. Por esa razón, Viera consideró “acertada” la resolución adoptada por el gobierno.
El legislador recordó que este proceso fue denunciado desde el inicio por el Frente Amplio por una serie de irregularidades que surgieron en su momento y recordó que también existieron informes técnicos de la Armada que establecieron que “no era conveniente para Uruguay un negocio de estas características con esta empresa”. Viera señaló que, en el llamado inicial, quien había mostrado la mejor destreza técnica había sido una empresa china, pero que “a raíz de presiones” que se recibieron de autoridades norteamericanas, el gobierno anterior descartó esa propuesta y decidió trabajar con Cardama.
Además, expresó que esta decisión generó la renuncia del entonces comandante de la Armada Nacional, Gustavo Musso, quien “entendía que no era el camino más conveniente”, y cuestionó los términos en que se firmó la garantía de fiel cumplimiento. “Una garantía que debió firmarse por 42 meses, se firmó por 12, y se demoró 11 meses en conseguirla, cuando las patrullas debían comenzar a entregarse a los 18 meses. Eso no va a ocurrir, porque los plazos están muy retrasados”, afirmó.
Viera destacó que fue el actual gobierno del Frente Amplio el que desde marzo comenzó a controlar la construcción de estas patrullas, luego de que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, resolviera enviar una delegación de la Armada al astillero español para supervisar en el lugar el avance del proceso. “Eso fue algo que ni el exministro Javier García ni el exministro Armando Castaingdebat hicieron en su momento”, indicó.
Finalmente, el senador reclamó una investigación profunda sobre todo el proceso: “Acá hay mucha oscuridad. Hay que investigar hasta el hueso, porque realmente está en juego mucho dinero de todos los uruguayos”.
Por su parte, el diputado del MPP, Carlos Rodríguez, expresó que a partir de la información que presentó el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, “confirman desgraciadamente un nuevo y triste capítulo de esta historia relacionada a las patrullas oceánicas”.
Recordó que el Frente Amplio planteó desde el principio la necesidad de que la Armada Nacional cuente con este tipo de patrullas que permitan cumplir con la soberanía del país en el mar territorial, pero subrayó que el proceso de adquisición “fue irregular desde su origen”.
Rodríguez explicó que el proceso empezó con una licitación que había ganado una empresa china, que luego quedó desierta durante la administración del ministro Javier García, y continuó con una compra directa al astillero español, que fue elegido por ser el que lo hacía más rápido, pero Rodríguez reclamó que, por el contrario, “ha sido, quizás, el caso más lento de construcción de patrulleras”.
El legislador añadió que hubo que esperar 11 meses para que se presentaran las garantías, y que ahora el gobierno comprobó que nunca existieron esas garantías.
“Valoramos que el Ejecutivo haya decidido dejar sin efecto la compra, en la cual ya van 28 millones de dólares aportados a esta empresa. Ahora se iniciarán, como dijo el propio presidente, acciones penales y civiles, además de sumarle nuevos elementos a la investigación administrativa que ya está llevando adelante el Ministerio de Defensa Nacional”, sostuvo el diputado.
Rodríguez recordó que desde el primer día que asumió la ministra de Defensa, Sandra Lazo, ha estado pendiente del tema, lo que ha permitido encontrar irregularidades en ese tema.
“Eventualmente, la investigación administrativa podrá determinar qué acciones continuarán”, sostuvo Rodríguez.
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