Las medidas incluidas en el proyecto de ley redactado por el Poder Ejecutivo contemplan una contribución pecuniaria por parte de los jubilados a partir de determinados niveles de ingreso; un aumento en la tasa de aportes de los trabajadores activos, con modificaciones en el esquema voluntario de contribuciones que les permitirá adecuar sus pagos a sus posibilidades; cambios en el sistema de ajuste del precio de los timbres profesionales; un aporte financiero por parte del Estado; y una reforma en la gobernanza del instituto, que implicará la reducción del número de integrantes del directorio, pasando de siete a cinco.
El directorio de la Caja de Profesionales realizó este jueves una sesión extraordinaria para recibir a integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos, el Director Nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, así como a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Dirección Nacional de Identificación Civil, con el objetivo de conocer el proyecto de ley en el que trabaja el Ejecutivo para asegurar la viabilidad de la Caja a corto, mediano y largo plazo.
Según informó Di Doménico a la salida del encuentro, el proyecto incluye un conjunto de iniciativas legales que el Poder Ejecutivo considera importante implementar de forma “inmediata” para brindar a la Caja “tranquilidad, estabilidad y continuidad en la cobertura a largo plazo”, ante la crítica situación patrimonial que atraviesa.
“Esas medidas no solo tienen que ver con la búsqueda de mayores ingresos en base a esfuerzos contributivos equilibrados entre los afiliados y el Estado, sino con una mejora en la gestión de esos recursos. Por ello, fundamentalmente, estamos poniendo acento en un cambio en la gobernabilidad de la institución, reduciendo el número de integrantes del directorio de 7 a 5, y llevando a cabo medidas de shock que permitan controlar y revertir esta situación de deterioro patrimonial, de pérdida de reservas y cambios en los equilibrios previsionales que han sido alterados por una serie de factores de orden demográfico y financiero que se han acumulado a lo largo del tiempo”, sostuvo el jerarca del MTSS.
Esas medidas de “shock”, según explicó Di Doménico, incluyen “un esfuerzo contributivo especial” por parte de los pasivos, en función de sus capacidades e ingresos. En promedio, implicará un aumento del 9%, que se abonará mensualmente y representará entre 40 y 45 millones de dólares al año. Por su parte, el Estado realizará una “inyección de recursos” equivalente a hasta dos tercios de ese monto.
“Eso le permitirá a la Caja volver a tener capacidad financiera para poder soportar sus compromisos de corto y mediano plazo”, informó el director Nacional de Seguridad Social.
Indicó que esas dos propuestas irán acompañadas de cambios en el esquema voluntario de las contribuciones de los cotizantes activos. “Eso quiere decir que va a haber un conjunto de afiliados que tienen la posibilidad de incrementar su tasa de Montepío en paralelo al régimen de Montepío que tiene el BPS para los trabajadores independientes. Si no desean incrementar del 18,5 al 22,5, tienen la opción de aumentar efectivamente la tasa de Montepío al 22,5, pero sin aumentar su cotización nominal mensual. Eso quiere decir que vamos a ir a una nueva escala de fictos que permita amortiguar ese incremento de cuatro puntos en la tasa de cotización de forma tal de que no represente para esos afiliados un impacto adicional contributivo”, dijo Di Doménico.
Complementariamente, se incrementarán los valores de los timbres profesionales en función de la evolución del Índice Medio de Salarios y del Índice de Precios al Consumo, lo que permitirá a la Caja contar con ingresos adicionales.
En cuanto a la reunión, Di Doménico aseguró que hubo un clima de “comprensión, entendimiento y buen relacionamiento” entre todos los actores del directorio de la Caja con los representantes del Poder Ejecutivo y con el Gobierno Nacional.
Por su parte, el presidente del directorio de la CJPPU, Daniel Alza, señaló que se trata del primer contacto que tienen con el proyecto ya finalizado, por lo que la intención es tomarse un tiempo para analizarlo en detalle.
“Es un proyecto que el Poder Ejecutivo lo tiene en carpeta y ya está firmado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para que luego sea enviado al Parlamento por el Presidente de la República, Yamandú Orsi. Eso quiere decir que todo se va a hacer de forma rápida, por lo que tenemos poco tiempo para analizarlo”, informó Alza.
Contó que el proyecto incluye “muchas propuestas” que el Directorio de la Caja ya había presentado durante 2022 y 2023, e informó además que incorpora otro conjunto de iniciativas aportadas por las distintas gremiales. En cuanto al rol del Poder Ejecutivo, Alza señaló que, según lo establecido en el proyecto, se prevé que cubra parte del déficit de la Caja con fondos provenientes de Rentas Generales.
El jerarca de la institución de seguridad social adelantó que emitirán una opinión más detallada una vez que lo puedan hacer.
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