El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, informó este martes, en conferencia de prensa, que presentó ante la Cámara de Senadores una solicitud para la creación de una Comisión Preinvestigadora, con el objetivo de analizar presuntas irregularidades vinculadas al contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama, para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV).
“Entendimos que, con todos los elementos que surgieron a partir de la conferencia de prensa que realizó el presidente de la República, Yamandú Orsi, existen fundamentos suficientes para conformar una comisión preinvestigadora”, expresó Sabini.
En la nota elevada a la presidenta del Senado, Carolina Cosse, el legislador fundamenta su pedido detallando una serie de hechos que, a su entender, ameritan una investigación parlamentaria.
Entre los antecedentes menciona la firma del contrato, en diciembre de 2023, por 82 millones de euros, y los posteriores incumplimientos señalados por informes técnicos, entre ellos un peritaje de Bureau Veritas, que constató 150 incumplimientos por parte de Cardama, incluyendo retrasos, ausencia de documentación técnica, falencias en las garantías y falta de aprobación conforme a la normativa de bandera uruguaya.
“Se registraron demoras de todo tipo, problemas estructurales, problemas con el diseño, con los proveedores y un avance que no cumplía con ninguno de los hitos establecidos en el contrato”, explicó Sabini.
En ese marco, consideró que hubo “un perjuicio muy grande para el Estado uruguayo”, que ya abonó 30 millones de dólares y aceptó dos garantías que no pueden ejecutarse.
Asimismo, apuntó contra el exministro de Defensa, Javier García, quien estaba al frente de la cartera al momento de la firma del contrato. Según Sabini, nunca se explicó por qué se aceptaron garantías falsas, por qué se eligió a la empresa que había quedado última en el proceso licitatorio, ni cómo se avaló una propuesta que cobraba la mitad de lo que presupuestaban otras compañías. También cuestionó que se aceptara una garantía de 12 meses, cuando el contrato establecía un plazo de 42.
Sabini aseguró que Cardama no puede transferir el contrato a ningún astillero del mundo “porque es incumplible e irrealizable”.
“Hay muchos elementos que le dan fortaleza jurídica al Estado uruguayo para salir victorioso, y ojalá que toda la oposición y el sistema político acompañen la defensa de los intereses del país”, señaló. Agregó que “hay muchas cosas que responder” y que la eventual comisión investigadora “tendrá mucho trabajo por delante”.