El Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) presentaron este viernes 16 de octubre los resultados del segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar). El estudio analiza las trayectorias de vida de la población penitenciaria y aporta información sobre educación, trabajo, salud, infancia y vínculos familiares.
El relevamiento incluyó a 13.182 personas en 25 centros penitenciarios. El primer censo de estas características se había realizado en 2010.
Entre los principales datos, el informe señala que la tasa de encarcelamiento pasó de 253 a cerca de 480 personas cada 100.000 habitantes. Además, el 20,5% de las personas censadas vivió en la calle durante su infancia o adolescencia, el 26,8% estuvo en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y el 46,4% cometió su primer delito antes de cumplir 18 años.
En materia educativa, más de la mitad abandonó los estudios antes de los 15 años y tres de cada cuatro no superaron el ciclo básico de Secundaria. Si bien aumentó la participación en cursos respecto a 2010, más de la mitad de la población relevada no accede a esas instancias educativas.
El documento también identifica diferencias entre las trayectorias de mujeres y varones: las mujeres asumen mayores responsabilidades de cuidado y maternidad temprana, mientras que los varones comienzan antes sus trayectorias delictivas y presentan mayores niveles de reincidencia. Según el informe, las unidades penitenciarias de Montevideo y el área metropolitana registran las condiciones más desfavorables.
El relevamiento identifica desafíos en áreas como justicia, salud, empleo, convivencia y seguridad. A su vez, más de tres de cada cuatro personas privadas de libertad consideran que el Estado puede ayudarlas y mencionan necesidades vinculadas al trabajo, la vivienda, la educación, la atención por consumo de sustancias, la salud mental y la revinculación familiar.
Autoridades destacaron el valor de la información
Durante la presentación, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, sostuvo que contar con evidencia sobre la realidad penitenciaria es fundamental para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas más eficaces, integrales y humanas.
Valverde señaló que la responsabilidad estatal no se limita a administrar la privación de libertad, sino que también comprende la prevención de las trayectorias que conducen al delito, la garantía de derechos durante la reclusión y la generación de condiciones reales para la reinserción.
Por su parte, la directora del INR, Ana Juanche, destacó la importancia de actualizar los datos para planificar políticas basadas en evidencia. Entre las iniciativas mencionadas, se refirió a la apertura de nuevas unidades penitenciarias, incluida la unidad n.º 28, especializada en personas privadas de libertad por primera vez; al ingreso de funcionarios penitenciarios y a la ampliación de las oportunidades educativas.
En ese marco, mencionó el programa Rumbo, destinado a la finalización del ciclo básico, y la capacitación de 8.000 personas a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
Juanche también destacó la marca penitenciaria Ciclo, la Ley de Empleo Integral n.º 20.506, del 26 de junio de 2026, y la creación de la Dirección de Género y Diversidad. Asimismo, aludió al diseño de una estrategia nacional para mujeres, con el objetivo de asegurar condiciones de equidad para la población LGBTQ+ privada de libertad.
BID trabajará en infraestructura y tecnología
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Miguel Porrúa, destacó la continuidad de las políticas públicas como uno de los factores relevantes para el país. Señaló que el organismo trabaja en el desarrollo de herramientas para evaluar el riesgo criminológico y en la incorporación de tecnología que permita gestionar los perfiles de riesgo de las personas privadas de libertad.
Porrúa anunció, además, un nuevo proyecto de inversión junto al Ministerio del Interior, centrado en tres áreas: el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, la incorporación de tecnología y equipamiento de seguridad y la mejora de la capacidad operativa del INR.
A su vez, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, Carmen Midaglia, valoró la información que aporta el censo para rediseñar las políticas públicas y orientar mejor la asignación de recursos al sistema penitenciario.
La presentación contó también con la participación del docente e investigador de la Udelar Eduardo Bottinelli, encargado del proyecto censal.