El proyecto de Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata fue aprobado este miércoles 3 en el Parlamento. La normativa definirá los permisos de construcción de viviendas e infraestructura pública y habilitará emprendimientos turísticos de manera más realista y en función de las características de cada zona, explicaron las autoridades.
Un nuevo instrumento de política pública para el cuidado y la gestión planificada de las costas uruguayas fue aprobado por el Parlamento, lo cual supone un salto cualitativo en la protección de las costas que estimula la coordinación y cooperación público-privada.
Se trata de la Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata, según informó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
El proyecto aprobado determina la accesibilidad y el uso público de las playas y costas, al legislar sobre esta área tan valiosa para la identidad nacional. “Esta es la primera norma nacional que sienta de manera explícita el carácter y acceso público a todas las playas del país”, señaló al respecto el director nacional de Ordenamiento Territorial, José Freitas.
Con esa normativa se da respuesta a un problema de aplicación de la protección costera, ya que establece que se podrá extender la faja de defensa, definida por el artículo 153 del Código de Aguas, hasta el límite de los componentes vulnerables de los ecosistemas identificados en cada uno de los planes y proyectos.
“Ahora la demarcación de la zona de protección costera deja de ser una franja estática y formal y comenzará a ser definida de manera más realista, en función de la características específicas de cada zona, así como a cada uso o proyecto propuesto”, dijo Freitas. A modo de ejemplo, indicó que en los casos en que las dunas o cárcavas se extiendan tierra adentro más allá de los 150 o 250 metros, los permisos de ocupación del suelo costero deberán respetarlas como características naturales del paisaje.
La nueva normativa promueve el desarrollo en consonancia con la protección de la costa, teniendo en cuenta que el espacio costero constituye un recurso natural limitado y un bien común para la sociedad, que se encuentra sometido a abusos y presiones, como el turismo, el sector inmobiliario y la infraestructura, como rutas, ramblas, estacionamientos, puertos, muelles, equipamientos comerciales y deportivos.
Así, ese texto, una vez promulgado, será considerado en la planificación de nuevas urbanizaciones, grandes infraestructuras y equipamientos que se implementen en ese ámbito e introducirá un escenario de reglas claras de cómo actuar respecto de la costa y, especialmente, de sus componentes vulnerables, como playas, dunas, lagunas, barras, cuencas, desembocaduras, deltas, humedales, barrancas, costas, puntas rocosas y sitios arqueológicos, entre otros, para lograr un mayor grado de protección.
Asimismo, se busca evitar el continuo urbanizado lo largo de la costa, se propone alternar los centros urbanos densos con áreas de baja intensidad de uso y con espacios naturales que permiten esa dinámica de los ecosistemas costeros. Por ser un contexto de alta vulnerabilidad ante el cambio climático, esta política de cuidado costero contribuye a hacer frente a este impacto creciente.
Esa ley será complementaria del conjunto de normas vigentes que intervienen sobre la costa, en especial, la ley n.º 18308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y la n.º 16466, de Evaluación de Impacto Ambiental, así como el Código de Aguas.
