La junta desestimó los dos argumentos del senador nacionalista para excusarse, lo intimó “reiteradas veces” a que complete la información y activó investigación al contenido de la declaración.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó que “no existe duda” de que el senador nacionalista Juan Sartori omitió incluir en su declaración jurada el patrimonio de su esposa Yekaterina Rybolóvleva, lo que puede constituir una “falta grave”.
A raíz del incumplimiento, la Jutep dispuso el pasado 28 de abril el inicio de una investigación para exigir al empresario la regularización, según consta en la respuesta a un pedido de informes realizado por los senadores frenteamplistas Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker, al que accedió El Observador.
La presidenta de la Jutep, Susana Signorino, dijo a El Observador que el senador presentó una
nueva declaración que todavía no fue abierta por el organismo, pero allegados al empresario
señalaron que la documentación complementaria no contiene información sobre los bienes e
ingresos de Rybolóvleva, ya que se mantienen en la postura de que no es sujeto obligado –algo
que la junta rebate–.
En su escrito, la Jutep desestima los argumentos que Sartori presentó para eludir el requerimiento previsto en el artículo 12 de la ley 17.060. Esa norma –en su redacción dada por la ley 19.797– establece que los senadores (entre muchos otros funcionarios) deben realizar una declaración jurada que contenga “una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de bienes que integre y de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela”.
Según se repasa, luego de que Sartori presentara inicialmente una declaración jurada incompleta, la Jutep le solicitó una declaración complementaria pero el senador siguió sin otorgar los datos de su cónyuge. El 19 de noviembre de 2021, Sartori elevó al organismo una nota adenda en la que argumentó que no estaba obligado a dar la información patrimonial de su esposa porque no existía “sociedad legal de bienes” –es decir, contaba con separación de bienes– y porque el matrimonio no se había contraído acorde a la legislación civil nacional, sino en el exterior.
En ese momento, el semanario Búsqueda había informado que el senador se basó en un informe de Deloitte para desestimar el pedido de la Jutep. Sin embargo, la junta entiende que ninguno de los dos argumentos esgrimidos es de recibo para no incluir la información de Rybolóvleva.
Sobre el primer punto, se establece que “no se comparte la posición del senador respecto a la interpretación de la norma; la misma es clara y una cosa no es óbice de la otra”. Al repasar el
artículo 12 de la ley 17.060, la Jutep concluye que la normativa exige incluir los muebles
propios “del declarante y de su cónyuge o concubino” y “de la sociedad legal si existe la
misma”.
“Ahora, si hay separación legal de bienes la situación no cambia y además se debe
agregar la escritura o mandato que decretó la separación”, añade la respuesta del organismo.
Respecto al segundo punto, la Jutep solicitó un oficio a la Dirección General del Registro de
Estado Civil “para evacuar dudas sobre la validez del matrimonio celebrado en el extranjero”.
El organismo respondió que si bien “el matrimonio Sartori-Rybolovleva no se encuentra inscripto
en el libro de matrimonio que lleva el Registro de Extranjeros”, ese matrimonio sí “tiene plena
validez jurídica en el Uruguay”.
“No es necesaria la inscripción en el Registro de Extranjeros que lleva la Dirección General del
Registro de Estado Civil, para que el matrimonio sea válido en nuestro país. La inscripción de
documentos extranjeros es declarativa y no constitutiva del hecho o acto que se inscribe, en
este caso el matrimonio”, añadió la respuesta de la dirección.
Otro de los puntos del pedido de informes de los senadores frenteamplistas refería a si, para la
Jutep, el senador Sartori cometió “falta grave”. Al respecto, el organismo se limitó a citar la ley,
que establece que “sin perjuicio de la responsabilidad penal, se considerará falta grave a los
deberes inherentes a la función pública en el caso de los funcionarios públicos” (entre los que
se encuentran los senadores).
En su declaración jurada de noviembre de 2021, Sartori declaró tener un patrimonio neto de $
3.989 millones –unos US$ 90 millones–. Como ingresos declaró únicamente su sueldo de
senador. Los espacios para la información de su esposa quedaron vacíos.
El Observador