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Junta Departamental aprobó regular los servicios de playa

La iniciativa del edil del Frente Amplio Leonardo Pereira, busca garantizar el uso público e igualitario de las playas de Maldonado, regulando la instalación de sombrillas, reposeras y otros implementos por parte de edificios, hoteles y complejos inmobiliarios.

La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad el proyecto de decreto impulsado por el edil del Frente Amplio Leonardo Pereira, que establece una regulación para los servicios de playa prestados por edificios, hoteles y complejos inmobiliarios.

La propuesta tiene como objetivo evitar la ocupación anticipada de espacios públicos mediante la instalación de sombrillas, reposeras y sillas que permanecen sin uso durante varias horas, una situación que limita las posibilidades de quienes concurren a las playas de acceder libremente a los distintos sectores de la costa.

El planteo original de Pereira surgió ante el crecimiento de las construcciones en primera línea costera y la necesidad de establecer reglas claras para garantizar que las playas continúen siendo espacios de uso público, evitando situaciones que puedan derivar en una privatización de hecho.

Durante su tratamiento en la Comisión de Legislación se incorporaron aportes de los ediles Pablo Chalar y Guillermo Ipharraguerre, además de instancias de intercambio con el edil gestionante y jerarcas del Departamento de Gestión Ambiental de la Intendencia.

¿Qué establece la nueva regulación?

Entre sus principales disposiciones, el decreto prohíbe a los edificios, hoteles y complejos inmobiliarios instalar sombrillas, sillas y reposeras con el propósito de reservar lugares para usuarios que todavía no se encuentren en la playa. Los implementos deberán colocarse cuando lleguen los usuarios y retirarse una vez que estos abandonen el lugar.

También establece una franja de diez metros desde la rompiente de las olas en la que los servicios regulados no podrán instalar equipamiento. Las sombrillas, además, no podrán superar los 2,50 metros de diámetro, aunque la Intendencia podrá habilitar determinadas instalaciones de acuerdo con las características de cada sector de la costa.

La normativa prohíbe la construcción de depósitos o estructuras permanentes sobre la franja costera para guardar los implementos. Estos podrán permanecer durante el día, desarmados y agrupados, en los espacios habilitados por las autoridades, pero deberán retirarse antes de la caída del sol.

Otro aspecto relevante es que la regulación diferencia expresamente los servicios organizados por edificios, hoteles y complejos inmobiliarios del uso individual de las playas. Por tanto, las disposiciones no alcanzan a los particulares que concurran con sus propios implementos para uso personal.

El decreto también establece mecanismos de fiscalización a cargo de la Intendencia Departamental, en coordinación con los municipios, y prevé sanciones ante incumplimientos, incluida la posibilidad de revocar las autorizaciones en caso de reiteración.

Con la aprobación unánime del proyecto, la Junta Departamental dio curso a una iniciativa que busca ordenar la prestación de servicios en las playas y establecer garantías para el acceso y disfrute de un espacio público que pertenece a toda la población.

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