La jueza Marcela Vargas decidió ayer que el exsenador Gustavo Penadés (acusado de 22 delitos de índole sexual) y Sebastián Mauvezín (acusado de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores), quienes cumplen prisión efectiva a la espera del juicio por una serie de delitos vinculados a abuso de menores, lo hagan de manera domiciliaria y con tobilleras, en lugar de permanecer en un centro de reclusión.
En la audiencia de ayer, la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, apeló la decisión de la jueza Vargas, ya que había solicitado la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva. Durante la audiencia, en la que se analizaba si se mantenía o no la prisión preventiva, Ghione señaló que existe un policía condenado y en libertad a prueba, Federico Rodríguez, quien podría ser un testigo clave en la causa. Rodríguez habría contactado a uno de los principales testigos y víctimas, Jonathan Mastropierro, para «obtener información sobre los demás denunciantes» durante la fase de investigación. Ghione expresó su preocupación: «A Federico Rodríguez lo estamos buscando desde la primera semana de diciembre del año pasado y no lo hemos podido encontrar. Esta semana tampoco. No terminó de cumplir la libertad a prueba. Es un testigo clave para el juicio oral, y nos preocupa muchísimo que esté desaparecido».
La abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Soledad Suárez (quien también participa en el juicio como defensora de las víctimas), agregó: «Cabe preguntarse no solo dónde está, sino si está vivo».
En total, hay diez víctimas, algunas de las cuales siguen siendo menores de edad. La Fiscalía tiene hasta junio para presentar su caso y llevar a juicio a Penadés y Mauvezín, donde se determinará su culpabilidad o inocencia. Ambos acusados están cumpliendo prisión preventiva para no entorpecer el desarrollo de la investigación.
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