El prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Díaz, participó en el programa “La Tarde de RBC”, conducido por Agustina Flores, donde abordó distintos temas vinculados a políticas de drogas, la situación del contrato con Cardama, la reforma del Código del Proceso Penal y la eventual creación de un Ministerio de Justicia.
Durante la entrevista, Díaz se refirió en primer lugar a su visita a Maldonado en el marco de sus funciones al frente de la Junta Nacional de Drogas.
“En mi carácter de Prosecretario de la Presidencia de la República, soy el Presidente de la Junta Nacional de Drogas”, señaló.
El jerarca explicó que mantuvo reuniones con integrantes de la Junta Departamental de Drogas, representantes de la Intendencia de Maldonado, ASSE, Salud Pública, Mides y técnicos de los centros Ciudadela y El Jagüel.
Según indicó, recorrió las instalaciones y recibió distintos planteos relacionados con infraestructura, recursos y funcionamiento de los dispositivos de atención.
“Me voy muy contento porque en las dos reuniones se resaltó (…) un muy buen funcionamiento interinstitucional”, afirmó.
Díaz sostuvo que durante las reuniones se destacó la coordinación entre organismos públicos y privados para el seguimiento de personas con consumo problemático de drogas.
También señaló que existe un trabajo de centralización de información que permite mejorar la atención de los usuarios del sistema.
“Se está trabajando en todo lo que tiene que ver con hacer un seguimiento de toda la vida de esa persona que de repente tiene vínculos con el Estado desde su infancia”, expresó.
En relación a la participación de organizaciones religiosas en el abordaje de adicciones, Díaz hizo referencia a una jornada organizada por la Junta Nacional de Drogas junto a la CICAD, en la que participaron representantes de once religiones presentes en Uruguay.
El prosecretario explicó que el objetivo fue coordinar acciones con instituciones que ya trabajan en territorio en atención de personas con consumo problemático de drogas, especialmente en contextos como población carcelaria y personas en situación de calle.
“Está claro de que hay sectores del territorio nacional o sectores de la población donde el Estado o no llega o no llega con la suficiente fuerza”, manifestó.
Asimismo, se refirió al concepto de laicidad y sostuvo que el Estado uruguayo garantiza la libertad de culto y la convivencia entre distintas expresiones religiosas.
“Ser laico no significa negar a los religiosos, ser laico significa permitir desarrollar que cada una de esas religiones se puedan desarrollar en igualdad de condiciones”, dijo.
Caso Cardama
Consultado sobre la situación del contrato con la empresa Cardama, Díaz sostuvo que el Estado uruguayo detectó “incumplimientos graves” durante el seguimiento del acuerdo firmado en el gobierno anterior.
Indicó que entre las irregularidades observadas figuraban la falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento y la presentación de documentación falsa vinculada a las garantías financieras.
“La presentación de documentación falsa que permitió poner en funcionamiento un contrato es un hecho de extremada gravedad”, afirmó.
Díaz explicó que el gobierno resolvió rescindir el contrato por razones jurídicas y sostuvo que el arbitraje internacional promovido por la empresa no corresponde porque el contrato establecía que las controversias jurídicas debían resolverse en tribunales uruguayos.
“Entendemos que es absolutamente que carece de jurisdicción el CCI para entender en un asunto que tiene que ver con alguna diferencia jurídica y no con cuestiones técnicas”, expresó.
También confirmó que el Estado uruguayo presentará acciones judiciales contra la empresa.
“El Estado Uruguayo oportunamente presentará esa demanda ante los tribunales de la República”, indicó.
En otro tramo de la entrevista, Díaz respondió a las críticas de la oposición sobre la rescisión del contrato.
“Me llama un poco la atención la feroz defensa que se hace de una empresa privada que engañó al Estado uruguayo”, afirmó.
El jerarca también señaló que el gobierno trabaja en alternativas para la adquisición de OPV y confirmó que actualmente integrantes de la Armada inspeccionan embarcaciones en el Reino Unido.
Reforma del Código del Proceso Penal
Sobre la reforma del Código del Proceso Penal, Díaz explicó que Presidencia coordinó un grupo técnico integrado por representantes del Poder Judicial, Fiscalía, Colegio de Abogados, Ministerio del Interior y la academia.
Según detalló, el equipo trabajó durante seis meses en una revisión integral del sistema y propuso modificaciones a 187 artículos.
“En el 90% de las propuestas existió unanimidad de toda la comisión”, aseguró.
Díaz indicó que algunas diferencias surgieron en artículos vinculados al funcionamiento operativo de fiscales y defensores, aunque afirmó que existe consenso respecto al sistema acusatorio vigente.
También sostuvo que las modificaciones propuestas “no tienen impacto presupuestal”.
Ministerio de Justicia
En la parte final de la entrevista, el prosecretario respaldó la creación de un Ministerio de Justicia para Uruguay y señaló que la propuesta integra las prioridades del actual gobierno.
“Todos los demás tienen Ministerio de Justicia y Uruguay no lo tiene, somos los raros del barrio”, expresó.
Además, recordó que la iniciativa figuraba en el programa de gobierno del Frente Amplio y aseguró que el oficialismo promoverá el debate parlamentario sobre el tema.
“Vamos a proponerlo, vamos a dar la discusión y veremos qué pasa si conseguimos o no las mayorías”, concluyó.