Este martes se realizó la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) en el caso del presidente de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), Álvaro Danza.
Danza fue cuestionado por ejercer actividades privadas como médico en mutualistas que mantienen contratos con ASSE. En este contexto, la JUTEP resolvió, por mayoría, que no existía incompatibilidad. La decisión fue adoptada por los directores oficialistas —la presidenta Ana Ferraris y Alfredo Asti—, con el voto en contra del vocal opositor Luis Calabria.
La interpelación al ministro Mahía culminó sin que ninguna de las cuatro mociones presentadas en la Cámara de Diputados alcanzara mayoría.
La primera moción, presentada por el oficialismo, consideraba satisfactorias las explicaciones brindadas por el ministro y sostenía que la actuación de la JUTEP en el caso Danza se desarrolló con estricto apego a sus competencias legales.
Por su parte, la moción presentada por legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado e independientes consideró insatisfactorias las expresiones del ministro de Educación y Cultura. En ese marco, se cuestionó la ausencia en sala de las autoridades de la JUTEP, lo que, según se argumentó, impidió dar respuesta a las interrogantes planteadas. Asimismo, la moción sostuvo que la conducción del organismo incurrió en abuso de atribuciones, utilizando a la JUTEP con fines notoriamente político-partidarios, y reclamó la remoción de su presidenta, Ana María Ferraris.
Una tercera moción, presentada por los diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Gastón Roel, tampoco obtuvo respaldo mayoritario. La misma rechazaba la no comparecencia de las autoridades de la JUTEP a la interpelación.
La cuarta y última moción, presentada por los diputados de Identidad Soberana, Gustavo Salle y Alejandra Carro, fue desglosada. En ella se consideraban insatisfactorias las declaraciones del ministro Mahía sobre la JUTEP y se solicitaba, además, la disolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública.