La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera imputó este viernes al propietario de una inmobiliaria de Piriápolis, en el marco de una investigación por la presunta venta de terrenos en Punta Negra mediante documentación falsificada.
El empresario fue imputado por los delitos de asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. La Justicia dispuso arresto domiciliario total hasta el 22 de diciembre, colocación de tobillera electrónica, cierre de fronteras, retención de documentos de viaje y prohibición de comunicación con otras personas mencionadas en la investigación.
Su esposa, en tanto, fue condenada mediante un acuerdo abreviado como coautora de los delitos de asociación para delinquir y estafa. Deberá cumplir 22 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.
La pareja se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro y tenía previsto regresar este domingo, pero volvió este jueves al conocer los avances de la investigación y posteriormente fue detenida.
También había sido requerida la suegra del empresario, aunque quedó desvinculada de la causa debido a que intervino en una operación de venta que finalmente no se concretó.
Por otra parte, permanece requerida una escribana que se encuentra en el exterior y que, según informó El País, sería detenida el domingo al arribar a Uruguay.
La investigación
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas, informó que investigará además el patrimonio de los involucrados ante la posibilidad de que se haya configurado un delito de lavado de activos.
Hasta el momento, el Ministerio Público tiene comprobadas transacciones fraudulentas por unos 200.000 dólares y busca determinar el destino de ese dinero.
Según la investigación, la maniobra se habría desarrollado a partir de un poder utilizado para concretar compraventas de terrenos en nombre de otras personas. Para ello se falsificó una firma y se utilizó el sello de un escribano fallecido, quien no emitía poderes desde la década de 1980.
Los involucrados buscaban terrenos cuyos propietarios argentinos habían fallecido o no concurrían habitualmente a Uruguay, de manera que los predios no contaran con una custodia permanente.
Mediante el poder falsificado, los integrantes de la organización actuaban en nombre de esos propietarios y realizaban ventas ficticias entre ellos, sin pagar el valor correspondiente o abonando una suma mínima respecto del precio real.
Posteriormente, los terrenos eran vendidos a terceros compradores de buena fe, generando ganancias de miles de dólares. Para concretar esas operaciones se utilizaba la inmobiliaria de Piriápolis.
El empresario, su esposa y la escribana actualmente requerida habrían participado tanto en la primera venta ficticia como en las posteriores operaciones con terceros.
Otros imputados
El martes, la Justicia había imputado a un empleado de la inmobiliaria. Según la investigación, era quien se encargaba de conseguir los terrenos y, en algunas ocasiones, se presentaba en padrones ocupados afirmando ser el propietario e intimando a sus ocupantes a retirarse bajo amenazas de embargo.
Fue imputado por asociación para delinquir, dos delitos de uso de documento público falso y otros dos delitos de estafa.
También fue imputado el hombre señalado como quien facilitó el poder correspondiente al escribano fallecido. Durante un allanamiento realizado en su domicilio fueron encontrados un sello y fotocopias de documentos utilizados por el profesional fallecido.
Según informó El País, esta persona declaró ante Fiscalía que el dueño de la inmobiliaria y su empleado se habían acercado a él para concretar la maniobra.
Fue imputado por asociación para delinquir, falsificación de documento público y estafa.
La Fiscalía sostuvo que ambos participaron de los negocios ilícitos y mantuvieron una conducta delictiva continuada en el tiempo.
El Ministerio Público había solicitado para ellos prisión preventiva por 90 días, argumentando que podían entorpecer la investigación si entraban en contacto con personas que aún deben ser detenidas o con testigos.
Sin embargo, la jueza Olivera entendió que las medidas de arresto domiciliario total con dispositivo electrónico y prohibición de comunicación resultaban suficientes para evitar posibles interferencias en la investigación.
La magistrada tomó en cuenta además el planteo de la defensa, según el cual los dos imputados desconocen el paradero de las demás personas requeridas.
En otro tramo de la causa, un hombre y una mujer llegaron a un acuerdo abreviado con la Fiscalía y fueron condenados por asociación para delinquir y estafa. Ambos deberán cumplir 18 meses de libertad a prueba. Según la información aportada, la mujer participó sin saber que las operaciones estaban basadas en un poder falso, mientras que el hombre intervino únicamente en operaciones puntuales.
Diputado Echeverría deslindó vínculo con los imputados
El Diputado por Maldonado, Diego Echeverría se refirió a la vinculación de algunos de los imputados con una de las listas que acompañó su precandidatura a la Intendencia de Maldonado en las elecciones internas del Partido Nacional de 2024.
En declaraciones a la diaria, el legislador afirmó que desconoce “en detalle” quiénes son los implicados en la investigación.
El País, La Diaria / Foto: RBC