El Tribunal de Apelaciones tiene cuatro días para comunicar su veredicto
El Poder Ejecutivo presenta hoy lunes 11 el recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones, en respuesta al fallo del juez subrogante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Alejandro Recarey, que decidió la semana pasada la suspensión de la vacunación a menores de 13 años contra el Covid-19 en el país. Cabe recordar que el gobierno tiene tres días hábiles para presentar el documento (el plazo vence el martes 12, ya que el primer día contabilizado fue el viernes 8).
Durante los últimos tres días, integrantes de los equipos jurídicos del gobierno y del Ministerio de Salud Pública confeccionaron y ajustaron detalles de la presentación, que de acuerdo a lo previsto se presenta durante la jornada, a los efectos de dar respuesta a la resolución del magistrado, la cual ha creado en el ámbito político una reacción de desacuerdo con la misma, pero a la vez rechazo. Cabe recordar que, una vez conocido el veredicto, desde el Poder Ejecutivo y del Ministerio de Salud Pública se informó y anunció que si bien el fallo sería acatado, como no comparte el mismo es apelado, hecho que sucede hoy en algún momento del día.
La no presentación del recurso el pasado viernes, tiene que ver con que desde el gobierno se buscó trabajar en una respuesta que sea “solida y contundente”, a los efectos de que la misma no pueda ser rebatida. Para ello, los profesionales trabajaron durante los últimos tres días en el tema, bajo la supervisión del prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrès, quien antes de entregar el documento tiene la tarea de revisarlo y aprobarlo, para posteriormente ser presentado. Luego, el Tribunal de Apelaciones tiene cuatro días para comunicar su veredicto.
Sobre lo sucedido la pasada semana, el pasado jueves sobre la hora 13.30, el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, presentaron una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, para informar de que el gobierno apelaría la decisión del juez Alejandro Recarey. ““Los fallos se acatan, pero se pueden criticar, y este fallo es un disparate, que indica que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las farmacéuticas privadas. Esto, para el Gobierno, es un argumento inadmisible”, enfatizó Delgado.
Agregó que “Como ciudadano y como padre, que un juez suspenda una vacunación voluntaria contra la indicación de la ciencia preocupa enormemente”. El jerarca hizo mención a que el plan de vacunación aplicado “fue muy estudiado en Uruguay y avalado por la academia”, además de ser totalmente voluntario, con un gran porcentaje de adhesión en el país, lo que posibilitó la situación sanitaria actual.
En tanto, Rodrigo Ferrés expresó ante los medios de comunicación que “Estamos ante una situación compleja desde el punto de vista judicial, y el fallo, desde el punto de vista jurídico, es un disparate”.
Dijo además que, para solicitar una acción de amparo, se debe estar lesionado en un derecho subjetivo y que, en este caso, se interpuso la de una persona por sí y representando intereses difusos. “Eso es una falta de legitimación para actuar”, señaló. Detalló también que para hacerlo hay un plazo de 30 días desde que puede haber peligrado un derecho, y la vacunación a menores comenzó en enero pasado.
Por su parte, el pasado viernes 8, el laboratorio estadounidense Pfizer dio a conocer un comunicado en el que expresa su opinión sobre lo sucedido. “Lamentamos la decisión tomada a nivel judicial”, indica la nota, y agrega que “La inmunización es una herramienta fundamental para ayudar a combatir enfermedades, incluyendo la pandemia causada por el Covid-19”.
La firma explicó que “la vacuna es una herramienta fundamental”;, y que “sus medicamentos y vacunas siguen estrictos procesos de seguridad y calidad”. La vacuna anticovid que creó junto a la empresa alemana BioNTech; recibió la autorización de uso de emergencia o la completa autorización de comercialización por parte de las agencias reguladoras de Europa, Estados Unidos y muchos otros países de la región latinoamericana y de todo el mundo”.
“A nivel local, hemos respondido a las solicitudes de información como un testigo externo y seguimos a disposición. Debido al proceso judicial en curso, no podemos proporcionar más detalles”, agrega el texto.
Diario La R