Legisladoras y legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) expresaron su respaldo al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, tras el episodio de violencia ocurrido en la escuela N.º 123 de Flor de Maroñas y las medidas adoptadas por la ANEP para reforzar la seguridad y el acompañamiento a la comunidad educativa.
Desde el sector, diversas figuras se pronunciaron en redes sociales en apoyo a Caggiani, destacando su rápida respuesta y la coordinación con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad en los centros educativos. Entre quienes se manifestaron públicamente se encuentran los diputados Agustín Mazzini y Gustavo Guerrero, quienes subrayaron además la importancia de avanzar en el fortalecimiento de la formación docente.
En ese sentido, Mazzini comprendió la decisión del sindicato, pero también resaltó la rápida respuesta del presidente de la ANEP, que se reunió con el ministro del Interior, Carlos Negro, y acordaron un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la seguridad, la convivencia y el acompañamiento de los docentes, alumnos y funcionarios.
Mazzini destacó que se haya decidido contar con un mayor despliegue policial en los entornos de escuelas y liceos, a través de equipos de la Policía Comunitaria, que trabajarán de forma coordinada con las direcciones de los centros.
Asimismo, resaltó la conformación de una mesa interinstitucional integrada por la ANEP, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), para articular respuestas rápidas ante situaciones de riesgo o conflicto.
En tanto, los diputados también respaldaron la decisión del presidente de la ANEP de iniciar una etapa de análisis, revisión y diálogo con los distintos actores de la educación, en relación con la oferta de Formación Docente, ante los desafíos que enfrenta el sistema en materia de matrícula.
Según expresó Guerrero, diputado por Tacuarembó, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes y exdocente del Instituto de Formación Docente, esa problemática en la matrícula “se viene arrastrando desde hace mucho tiempo”.
“En el período pasado, el gobierno anterior hizo un desmantelamiento total de todo lo que se venía trabajando de cara a lo que iba a ser la Universidad de la Educación. Incluso se terminaron con los departamentos académicos, se designaron mentores —una especie de interventores a dedo— y se implementaron planes y programas digitados desde el Consejo de Formación en Educación (CFE) anterior, sin consulta”, afirmó.
Guerrero recordó que la transformación educativa impulsada en ese momento contó con el rechazo de más del 90% de los docentes de formación docente de todo el país y generó “una asignación ineficiente de grupos, tanto presenciales como semipresenciales”.
“Hoy hay más de 600 grupos con menos de cinco alumnos, y muchos incluso sin estudiantes. Por eso creo que está bien defender las reivindicaciones de los sindicatos y de los estudiantes, pero también reconocer que esta situación se viene acumulando desde el período anterior”, expresó.
Entre los principales problemas identificados se destaca una caída del 30% en la matrícula del profesorado entre 2021 y 2024, pasando de unos 20.000 a 14.000 estudiantes matriculados.
Otro de los problemas detectados fue la superposición de la oferta educativa generada durante la regionalización de los cursos semipresenciales, lo que derivó en grupos con una matrícula muy baja en distintos centros del interior del país. Actualmente, existen 650 cursos con menos de cinco estudiantes matriculados.
Además, Guerrero destacó el trabajo de las actuales autoridades del CFE para enfrentar el déficit heredado. “Hay que reconocer la buena voluntad con que viene trabajando el Consejo de Formación en Educación y las autoridades de la educación para resolver este enorme déficit, que ronda los 450 millones de pesos. Es un tema complejo, pero se está actuando con responsabilidad y diálogo”, sostuvo.
El diputado de Tacuarembó remarcó que el enfoque actual apunta a reconstruir las estructuras académicas y hacer más transparentes los procesos. “Se eliminaron las formas de elección de horas que el gobierno anterior había establecido de manera autoritaria; se realizaron llamados abiertos para los departamentos académicos y coordinadores de asignatura; y se está trabajando en la transformación de los planes y programas. Son señales claras de que se busca mejorar la calidad educativa y reconstruir la institucionalidad en la formación docente”, indicó.
Guerrero remarcó la necesidad de conversar con los docentes, con las Asambleas Técnico Docentes y con las direcciones “para encontrar las mejores soluciones” y destacó el compromiso de todos los actores involucrados.
“Defendemos el derecho a la educación, a la lucha sindical y al diálogo, y confiamos en que, con trabajo conjunto, esta situación va a poder resolverse”, afirmó.