La Fiscalía de Delitos Sexual, a cargo de la doctora Darviña Viera, investiga al colegio privado de Punta del Este, del cual el último imputado por la Operación Océano fue director. Se trata del St Clare’s College, ubicado en la zona de San Rafael.
Actualmente, la institución está a cargo del hijo del hombre que el sábado fue formalizado en el marco de la investigación de varios casos de explotación sexual adolescente.
Este domingo el colegio envió una carta a las familias de los alumnos que asisten, en la que aclararon que “la persona mencionada en las noticias no está vinculada a la dirección del colegio.
La fiscal busca determinar la existencia de posibles víctimas de abuso sexual dentro del colegio.
Las adolescentes víctimas de explotación sexual son siete, pero la fiscal Viera no descartó que ese número aumente, porque se siguen recibiendo denuncias.
Fuentes de Fiscalía confirmaron a Subrayado que varios de los imputados, luego de ser formalizados, fueron denunciados por otras presuntas víctimas.
A raíz de la Operación Océano, la Fiscalía trabaja en la creación de un servicio de telefónico de recepción de denuncias y atención de víctimas de explotación sexual.
ÚLTIMO IMPUTADO
Un argentino de 63 años fue formalizado este sábado. Era uno de los cuatro que estaban requeridos por orden de la fiscal Viera.
El perfil de este hombre es el recurrente a los demás imputados. En su caso, se desempeñó como director de un colegio privado de Punta del Este.
El hombre fue detenido a última hora del viernes por efectivos de Crimen Organizado e Interpol en el Puerto de Montevideo cuando arribó al país en Buquebus proveniente de Buenos Aires.
Este fue el 21º imputado por la Operación Océano. El delito es recurrente “retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.
El artículo 4º de la ley 17.815 sobre violencia sexual comercial o no comercial contra niños, adolescentes e incapaces establece penas de entre 2 y 12 meses de cárcel.
También se le imputó el delito previsto en el artículo 277 Bis del Código Penal sobre ultraje público al pudor, ya que se determinó que las jóvenes le enviaban fotos al celular del hombre.
Adicionalmente, se dispuso prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de las víctimas y de comunicación por cualquier medio por 180 días. Además, el cierre de fronteras y la entrega del pasaporte para evitar que abandone el país.
La fiscal apeló el fallo ya que había solicitado la suspensión del ejercicio de la patria potestad e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas, prevista en el artículo 79 de la ley 19.580, lo que la jueza no hizo lugar.
La Policía continúa la búsqueda a nivel nacional e internacional de otros tres hombres, un argentino, un brasileño y un uruguayo por su presunta vinculación con este caso.
Fuente: Subrayado
