La Justicia uruguaya dictó un fallo contundente: Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, fue condenado a 24 meses de prisión por apropiarse de 180.000 dólares pertenecientes a la mutualista. La sentencia, dictada por el Juzgado Penal de 20º Turno, establece un año de prisión domiciliaria, seguido de otro de libertad vigilada.
Este caso pone fin a una saga de irregularidades que culminó con el colapso de una de las instituciones mutualistas más queridas del país, dejando a miles de socios
y a una comunidad entera preguntándose cómo se llegó a este punto.
Casa de Galicia, fundada en 1907 por inmigrantes gallegos, era mucho más que una mutualista. Con su hospital en el barrio Cordón y una red de servicios que atendía a unos 20.000 afiliados, representaba un bastión de la identidad gallega en Uruguay. Además de salud, ofrecía actividades culturales y apoyo social, siendo un pilar para la colectividad. Sin embargo, durante la gestión de Iglesias, que asumió la presidencia en 2018, la institución entró en una crisis irreversible.
En diciembre de 2021, el Ministerio de Salud Pública intervino la mutualista tras detectar graves irregularidades financieras, marcando el inicio de un proceso judicial que hoy llega a su clímax.
Casa de Galicia: la condena a Iglesias
El caso se centra en una operación inmobiliaria turbia. En mayo de 2020, Casa de Galicia vendió una propiedad en la avenida Centenario por 480.000 dólares. De ese monto, 180.000 dólares desaparecieron sin dejar rastro en los registros contables. Según la Fiscalía, Iglesias retiró esos fondos sin autorización y los destinó a fines personales.
Un prestamista externo, Fernando Ucha, declaró que el dinero provenía de un préstamo entregado a la mutualista, no a Iglesias, contradiciendo la versión del expresidente. Este último afirmó que se trataba de un reembolso por un préstamo personal que él había hecho para cubrir deudas operativas, como pagos a proveedores médicos. Sin embargo, la falta de documentación y las inconsistencias en su relato jugaron en su contra.
El juicio, que se desarrolló entre julio y agosto de 2025, enfrentó dos narrativas opuestas. La defensa, liderada por los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, argumentó que los 180.000 dólares formaban parte de acuerdos internos para mantener a flote la mutualista en plena pandemia. Iglesias insistió en que el dinero fue reinvertido en la institución y que nunca hubo intención de apropiación. “Todo lo hice por Casa de Galicia”, declaró el 30 de julio, visiblemente emocionado.
Pero la jueza Diovanet Olivera fue categórica: no había pruebas de que los fondos fueran propiedad de Iglesias ni de que volvieran a la mutualista. La condena por apropiación indebida se sostuvo en la evidencia de que el dinero salió de las arcas sin justificación.
Además de la prisión, Iglesias deberá realizar diez meses de servicios comunitarios, con diez horas semanales, y presentarse cada 15 días en una comisaría tras cumplir el arresto domiciliario. Fue absuelto de un segundo cargo, insolvencia societaria fraudulenta, vinculado a órdenes de pago por 6 millones de dólares emitidas antes del cierre de la mutualista. La jueza consideró que, aunque esas operaciones reflejaban una gestión deficiente, no constituían un delito penal, ya que solo un pago se concretó y la insolvencia de Casa de Galicia era previa.
LaRed21