Cristina Kirchner denunció el juicio como “un pelotón de fusilamiento mediático – judicial”.
Luego de que la Justicia le negara ampliar su indagatoria en el juicio de la obra pública, tras el pedido de condena a 12 años propuesto por los fiscales, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al Poder Judicial y dijo estar “ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”, “, manifestó en redes esta tarde, luego de conocerse el pedido de sentencia de los letrados Diego Luciani y Sergio Mola.
Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
“Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”, expresó la expresidenta.
Pedido de condena
El fiscal Luciani pidió condenar a Fernández de Kirchner bajo el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, para lo cual pidió una pena de doce años de prisión y además la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Además, solicitó que la Justicia proceda al decomiso de bienes de todos los imputados por un valor equivalente a casi mil millones de dólares.
Según expresaron los letrados, entienden que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita mediante la cual se desviaron fondos del Estado en favor del empresario Lázaro Báez.
Luciani justificó el pedido de condena por su “poder de dirección” para maniobras de corrupción y mencionó “el lucro personal buscado” en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que sus seguidores consideran como una persecución.
El mensaje de los fiscales
El mensaje que buscan dejar los fiscales Luciani y Sergio Mola es que el kirchnerismo no fue o es un proyecto político (al que a la vez un sector judicial descalifica por ‘populista’) sino una organización delictiva para apropiarse del dinero público. Para eso exprimieron el último día del alegato con la misma fórmula discursiva que usaron desde que le dieron inicio, con frases repetidas. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad”; “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”; “arrasaron todos los principios de contratación pública”; “los organismos de control están parasitados”, fueron algunas de las expresiones que apostaron a instalar. También afirmaron que para ellos el perjuicio al Estado fue de 5231 millones de pesos, que pidieron decomisar.
Rechazo a ampliar indagatoria
Poco antes de conocerse el pedido de prisión, la exmandataria y actual vice, advirtiendo el desenlace, presentó un reclamo para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, argumentó la exmandataria en sus redes sociales al informar que instruyó a su abogado para que, a los efectos de poder ejercer su “derecho a defensa en juicio”, solicite la ampliación la indagatoria.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 recibió el pedido en manos de los abogados de la expresidenta y pocas horas después, luego de que Luciani y Mola dieran a conocer la solicitud de condena a 12 años, le fue rechazada la posibilidad de ampliar su indagatoria.
Pruebas falsas
En la edición del último domingo de Página/12, se resaltó que en los tres años que lleva este juicio pocos medios de comunicación le dieron cobertura. Los alineados con la oposición lo ignoraron porque audiencia tras audiencia se desmoronaba la acusación y la vicepresidenta no era ni mencionada. Incluso a la hora de alegar los fiscales no pudieron exhibir decreto ni orden administrativa, correos o mensajes que vinculen a la expresidenta con la obra pública en Santa Cruz, sólo una serie de especulaciones.
Es más, el informe de la Dirección de Vialidad que hizo la gestión de Javier Iguacel al comienzo del gobierno de Macri, y que dio lugar a la causa, señalaba que las obras que se pagaron fueron las que se hicieron y que los plazos estaban dentro de lo previsto. Como sea, sostienen que es jefa de una asociación ilícita.
Para eso, al momento del alegato –que evidentemente hicieron en forma remota para abarcar más audiencias y leer (aunque no está permitido) su exposición– recurrieron a pruebas falsas y a otros expedientes, que introdujeron apenas antes de comenzar, o sea, ya terminado todo el desarrollo central del juicio. Es decir, son cuestiones que no formaron parte del debate oral y que incluso en algunos casos son mentirosas.
- Uno de los ejes fue traer al presente el juicio por los bolsos que llevó José López al convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares. El fiscal Mola llegó a decir que ese dinero a López se lo dio un secretario de CFK, Fabián Gutiérrez, cuando durante la investigación y el juicio en el que López fue condenado ya había quedado demostrado que el exsecretario de Obras Públicas tenía el dinero escondido en su casa en Río Luján, en un cuartito de difícil acceso (se llegaba por una escalera apartada), e incluso los billetes tenían impregnada la humedad del lugar.
- Los fiscales habían mostrado chats extraídos del teléfono de López (es parte de lo que agregaron a último momento) pero lo que hallaron fueron dos mensajes de 2014 y 2015 en los que el exfuncionario le decía a un secretario de la entonces presidenta que Lázaro Báez reclamaba que le paguen, algo que hacen todos los empresarios que contratan con el estado. La conversación no era con ella. Se aferraron a mensajes que indican que el empresario y CFK tuvieron dos reuniones en 2010. También evocaron el nombre de Máximo Kirchner, que no está imputado en esta causa.
- Otra causa a la que aludieron para alimentar la imagen de una mega maquinaria de corrupción es la conocida como la “Ruta del dinero K”, donde Báez fue condenado. Usaron el testamento del empresario, que tiene como beneficiarios a sus cuatro hijos con la condición de que no pueden dividir la empresa ni los bienes durante 30 años, según dijo el juez Sebastián Casanello. Para la fiscalía, eso implicaría que el dueño/a de la fortuna sería otro, cuando en realidad el mecanismo que se usa para ese tipo de ocultamiento son sociedades off shore o similares. Tampoco aparece ningún Kirchner.
- Aludieron a dos causas cuyos juicios orales no se hicieron, como si algo de esos expedientes probara delitos: uno es “Hotesur – Los Sauces”, sobre el cual señalaron que los hoteles y alquileres eran formas de blanqueo de dinero pese a que todos los imputados, incluida CFK, están sobreseídos; el otro es el caso “Cuadernos”, del que tampoco se hizo el juicio pero se utilizó para dar por sentado el pago de coimas. Según parte del alegato, hubo constructoras que se presentaron en las licitaciones de Santa Cruz para simular una competencia y que ganaran las empresas de Báez. Luciani pidió que se investiguen posibles delitos de las empresas Petersen, de los Eskenazi, y Esuco, de Carlos Wagner, que lideraba la Cámara de la Construcción. Báez era enemigo de esa cámara, no se entiende por qué lo ayudarían.
Ámbito /Página/12