La ministra de Salud Pública, Karina Rando, y el subsecretario, José Luis Satdjian, comparecieron ante el Parlamento junto con otras autoridades para informar sobre la situación del CASMU, tras solicitar ser recibidos por la Comisión de Salud.
Gracias a la intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP), se obtuvo información detallada sobre la gestión de este prestador, información que no había sido accesible previamente. Del análisis realizado por los interventores surgieron varios aspectos a corregir, entre los cuales se destacan:
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Desvíos y falta de cumplimiento normativo:
- Contratos firmados sin la aprobación del Consejo Directivo ni adherencia a los Estatutos y Reglamento de Compras.
- Ausencia de procedimientos básicos de control interno, lo que permitió irregularidades en adquisiciones, pagos y gestión contractual.
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Problemas de transparencia financiera:
- Contratos onerosos firmados por gerentes sin facultades estatutarias.
- Adendas retroactivas que incrementaron costos significativamente, exponiendo a CASMU IAMPP a demandas económicas.
- Gestión deficiente de los recursos, incluyendo contrataciones con conflictos de interés, sobrecostos y facturaciones sin respaldo contractual.
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Situación económica comprometida:
- Endeudamiento elevado con prestamistas informales y proveedores.
- Uso de financiamiento externo para gastos básicos sin implementar medidas de reducción de gastos o cambios estructurales.
- Ejecución de proyectos e inversiones cuestionables, como obras costosas e innecesarias en un contexto de crisis financiera.
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Gestión asistencial y de recursos humanos:
- Dificultades para cubrir guardias, problemas de ausentismo y falta de personal titular.
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Gastos elevados en publicidad y merchandising:
- Sin criterios claros ni rendición de cuentas.
En base a estos hallazgos, se emitieron recomendaciones de mejora y se implementaron acciones correctivas. Se subrayó la necesidad de continuar acompañando el proceso de mejora de gestión y profundizar el análisis realizado. Por el momento, no se han desplazado autoridades de la institución debido a que no se cumplen las condiciones establecidas por la normativa vigente. La intervención de la institución continuará, y lo actuado ha sido remitido a la Fiscalía General de la Nación para su análisis.