El Instituto Nacional de Colonización (INC) mantiene el proceso de rescisión del contrato de arrendamiento de una fracción rural adjudicada al exintendente de Maldonado, Enrique Antía Beherens, pese a que el exjerarca planteó en dos oportunidades la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial que le permitiera continuar cinco años más en el predio.
La información fue publicada por Agro de Búsqueda, que accedió a documentación del caso y consultó fuentes del organismo.
Según esas fuentes, Antía realizó planteos ante directores del INC en 2025 y 2026, luego del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), emitido en febrero de 2024, que rechazó su demanda y confirmó la resolución del organismo de rescindir el contrato de arrendamiento de la fracción 4D, de 49,6 hectáreas, ubicada en la Colonia Benito Nardone, en el departamento de Maldonado.
El fallo del TCA ratificó la decisión adoptada por el Directorio del INC el 5 de setiembre de 2019, que dispuso la rescisión del contrato y la adopción de medidas judiciales para recuperar la libre disponibilidad del predio.
El organismo fundamentó la medida en el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 11.029 para los colonos, entre ellas residir en el predio, habitarlo con su familia y trabajarlo directamente.
Posteriormente, Antía presentó un recurso de revocación, que fue rechazado por el Directorio del INC en marzo de 2020. La resolución fue aprobada por mayoría, con el voto en contra de los directores Julio Cardozo y Rodrigo Herrero.
Argumentos del fallo
Durante el proceso ante el TCA, Antía sostuvo que existieron irregularidades en el procedimiento, cuestionó la motivación de la resolución, planteó la inconstitucionalidad de la potestad del INC para rescindir unilateralmente el contrato y denunció una supuesta desviación de poder.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que no logró desvirtuar las constataciones realizadas por Colonización respecto al incumplimiento de las obligaciones del colono.
El fallo señala que Antía explota el predio, pero no lo trabaja directamente, ya que la actividad es desarrollada por una sociedad civil integrada por él y Daniel Chiaccio, que emplea trabajadores asalariados para las tareas rurales.
Asimismo, el TCA indicó que la situación de incumplimiento respecto a la residencia y al trabajo directo deriva de las funciones públicas que desempeñó como intendente de Maldonado, por las cuales debía residir en la capital departamental.
La documentación también consigna que la sociedad civil explota unas 1.400 hectáreas, incluidas otras fracciones de la Colonia Benito Nardone, y que Antía es además propietario de 591 hectáreas en la octava sección catastral de Maldonado.
Otro caso
La publicación también informa que, en julio de este año, el Directorio del INC resolvió rescindir el contrato de arrendamiento de dos fracciones de la colonia Campbell P. McMeekan, en San José, adjudicadas a Marcos Algorta Adami, cuñado de Enrique Antía.
La resolución comprende 176 hectáreas e incluye medidas judiciales para recuperar la disponibilidad de los predios y reclamar el cobro de las sumas adeudadas. Según fuentes del organismo, la decisión respondió al incumplimiento en el pago de las rentas y a otras irregularidades vinculadas al manejo del establecimiento.