Una de las novedades tributarias de 2018 fue el pasaje desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a la Dirección General Impositiva (DGI) del cobro y control del Impuesto de Primaria. Esa sola noticia provocó que crecieran 67% los convenios de pago de deudores del tributo en el primer trimestre del año, con más de 1.500 contribuyentes que se presentaron ante el fisco.
“Hay un nivel de morosidad importante en los padrones de inmuebles urbanos, porque hasta 2017 lo administró Primaria con una estructura y recursos menores de los que tiene DGI. Ya estamos empezando a trabajar para reducir las deudas”, dijo a El País el director de Rentas, Joaquín Serra.
Informó que se identificaron a “los principales deudores y empezamos los controles para intimar el pago”. Si pese a esto los contribuyentes siguen sin abonar, se recurrirá a la Justicia “primero solicitando el embargo del bien y luego el remate”.
La prioridad para estas gestiones las tienen unos 8.000 padrones con deudas mayores a $ 50.000. Asimismo, el 60% de la morosidad en términos monetarios está en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado. “En Punta del Este hay casas de muchísimo valor que están con deudas, esas van a ser prioridad”, subrayó Serra.
En tanto, las deudas de menor porte serán incluidas en “la base de datos de incumplimiento” de DGI, por lo que si alguien “genera un crédito (a cobrar) tras la liquidación del IRPF e identificamos que es propietario de un inmueble que debe, no le devolveremos el saldo para compensar”, detalló el director de Rentas.
En paralelo con las intimaciones, la DGI definió la prescripción de las deudas anteriores a cinco años (así lo establece la legislación) y trabaja en “depurar la base de datos del impuesto ya que tiene una cantidad de exoneraciones y había muchísimos padrones que no hacían el trámite en Primaria”.
Los exonerados son los inmuebles propiedad de instituciones religiosas, de enseñanza y culturales; de gobiernos departamentales y del Estado; de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o consulares; de instituciones de asistencia médicas; de cooperativas de vivienda; u otras exoneraciones específicas (como a bosques o monumentos históricos). Serra indicó que “desde que empezamos a gestionar el tributo hay una mayor preocupación por regularizar la situación”, tanto de deudores que firmaron convenios como de padrones exonerados que solicitaron el beneficio.
Novedades.
El Impuesto de Primaria debe ser abonado por los propietarios, promitentes compradoras (con promesa de compraventa), poseedores y usufructuarios de bienes inmuebles en todo el país, siempre que el valor imponible en la cédula catastral sea superior al monto exonerado ($ 163.587).
Son distintas las situaciones dependiendo si se trata de padrones urbanos, suburbanos o rurales sin explotación o rurales con explotación. En el primer caso se prefactura y envía por correo el recibo, a pagar en tres cuotas —que vencen el 31 de mayo, el 28 de septiembre y el 30 de noviembre— en las redes de cobranza, por débito bancario o en línea ingresando a la web de DGI.
Este año, se puso en marcha “una novedad” para estos contribuyentes: se brinda información a través de Whatsapp, escribiendo al número 098 966 993 y siguiendo los pasos hasta llegar a la emisión del recibo. Hasta el momento ya se han enviado más de 15.000 mensajes de asesoramiento.
En el caso de los inmuebles rurales con explotación, está prevista una exoneración para aquellos menores a 300 hectáreas Índice Coneat 100, que abarca a unos 15.000 productores. Los padrones que explotan hasta 200 hectáreas y tramitaron ante las intendencias departamentales la exoneración de la Contribución Inmobiliaria, no deben realizar ningún trámite ante DGI; los otros deben presentar una declaración jurada al fisco antes del 30 de abril y la DGI les confeccionó una declaración jurada igual al año anterior, que deben confirmar o rectificar vía web.
Los restantes son unos 8.000 padrones rurales obligados a pagar el impuesto, que también tienen una declaración jurada subida a la web de DGI.
