El 21 de noviembre de 2025, en horas de la noche, personal de la oficina departamental de la Dirección de Monitoreo Electrónico (DIMOE) alertó al Centro de Comando Unificado (CCU) sobre un hombre portador de un dispositivo de rastreo electrónico que se había aproximado a una zona de exclusión establecida por medidas vigentes.
De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se comisionó a efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Zona Operacional II hacia la calle José Pedro Varela, en la ciudad de Maldonado. En paralelo, personal de DIMOE ya había logrado comunicarse con el involucrado, indicándole que debía retirarse del lugar; sin embargo, este hizo caso omiso y respondió de manera inapropiada al operador.
Al arribar al sitio, los efectivos del PADO, con apoyo de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la misma zona, intervinieron al hombre de 54 años, sin antecedentes penales, quien portaba tobillera electrónica por un caso de violencia doméstica y se encontraba en proximidad de la víctima. Fue derivado de inmediato a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Maldonado, que asumió el procedimiento.
La Fiscalía Especializada en Violencia Doméstica de 2.º Turno fue informada de la situación y dispuso diversas diligencias, entre ellas su conducción a la sede fiscal para continuar con las indagatorias. El hombre ya registraba antecedentes administrativos por acercarse reiteradamente a la víctima y por retiro o destrucción del dispositivo electrónico.
Tras finalizar las actuaciones fiscales, el 23 de noviembre se celebró una audiencia en el Juzgado Letrado Especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de 2.º Turno de San Carlos. Allí fue formalizado por la presunta comisión de reiterados delitos de desacato en régimen de reiteración real, junto con dos delitos de retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos. La Justicia le impuso como medida cautelar la prisión preventiva por un plazo de 90 días.