La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió una resolución en la que determina la ausencia de incompatibilidades en el desempeño de funciones del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, en instituciones del sector privado.
El dictamen, resultado de un proceso de análisis, zanja formalmente las impugnaciones realizadas por sectores de la oposición política sobre la simultaneidad de sus cargos. La decisión fue adoptada con el voto en disidencia del representante del partido opositor en el directorio del organismo.
Tras conocerse la resolución, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el propio Danza ofrecieron una conferencia de prensa en la sede ministerial, constituyendo el primer pronunciamiento conjunto luego de que ASSE analizara el documento emitido por la Jutep.
Durante la comparecencia, Álvaro Danza anunció su renuncia inmediata a los tres cargos que desempeñaba como médico en mutualistas privadas, decisión adoptada de forma voluntaria pese al fallo favorable de la Junta de Transparencia.
El jerarca explicó que la medida busca “dedicarse de lleno” a su función en ASSE y señaló que había actuado conforme a los informes legales que le habilitaban a asumir.
“Estas semanas fueron muy difíciles en lo personal y humano. No soy un político de profesión, soy médico y quiero dedicarme completamente a esta tarea”, expresó Danza.
Agregó que “los informes decían que podía asumir y reduje mis horas para poder dedicarme a ASSE. Contraté dos informes; no es cierto que haya ocultado nada”.
Además, defendió su gestión al frente del organismo: “Regularizamos el suministro de medicamentos, racionalizamos recursos, bajamos las listas de espera y mejoramos la actividad quirúrgica”. También criticó lo que definió como “agravios inescrupulosos de algunos políticos de carrera”.
Danza mantendrá su cargo docente en la Universidad de la República (Udelar) —amparado en una excepción constitucional— y el subsidio como investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Sin embargo, subrayó que su prioridad será ASSE y sus 1,5 millones de usuarios.
Por su parte, la ministra Lustemberg defendió a Danza y la gestión del organismo, afirmando que el foco debe estar “en las políticas que benefician a la población y no en ataques personales ni en una mediatización obsesiva”.
“Lo importante es reducir las listas de espera, aumentar las cirugías y mejorar la atención primaria”, sostuvo la ministra, en respuesta directa a los cuestionamientos de la oposición, que había reclamado la renuncia total del jerarca por supuestas incompatibilidades constitucionales y éticas.
La resolución de la Jutep
La decisión de Danza fue conocida horas después de que la Jutep resolviera, por mayoría, que no existe incompatibilidad formal entre su rol en ASSE y sus actividades privadas o académicas.
La presidenta del organismo, Ana Ferraris, y el vicepresidente Alfredo Asti —ambos del Frente Amplio— votaron a favor de esta conclusión, respaldados por informes del estudio Delpiazzo y de la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP), los cuales determinaron que sus funciones como consultante médico no generaban conflictos directos con ASSE.
Sin embargo, el vocal Luis Calabria (Partido Nacional) votó en contra, argumentando que se vulneran el artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley 18.161, además de advertir irregularidades éticas por presuntas superposiciones de horarios y uso de recursos públicos.
Ferraris enfatizó que la resolución se adoptó tras un análisis técnico y no político:
“Analizamos el caso con toda la seriedad que merece, considerando los informes jurídicos y la normativa vigente. Se entendió que no existe incompatibilidad”.
Asimismo, aclaró que el informe incluye una exhortación al directorio de ASSE para que, ante eventuales decisiones vinculadas a contrataciones con empresas relacionadas, se abstengan de intervenir.
Calabria, en cambio, sostuvo que “el presidente de ASSE no puede trabajar en mutualistas que mantienen contratos millonarios con el propio ente que dirige”, calificando la situación como una violación flagrante de la normativa constitucional y legal.
Según su exposición, Danza habría incurrido en superposición de horarios, marcajes irregulares en la Udelar, uso de recursos públicos para fines privados y omisión inicial en la declaración de un subsidio de ANII por 22.000 pesos mensuales.
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