La Justicia de Crimen Organizado imputó a dos personas y condenó a otras dos por su participación en una organización que, según la investigación, se dedicaba a la venta de terrenos mediante documentación falsa en Punta Negra, Piriápolis.
La investigación comenzó a partir de una actuación administrativa dispuesta por la Intendencia de Maldonado en junio de 2019. Posteriormente, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas, reconstruyó una maniobra basada en la utilización de un poder falsificado para realizar compraventas de terrenos en nombre de terceros.
Para concretar las operaciones se habría falsificado la firma y utilizado el sello de un escribano fallecido, quien no emitía poderes desde la década de 1980, según informó El País.
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización buscaban terrenos cuyos propietarios, en muchos casos argentinos, habían fallecido o no concurrían habitualmente al país. De esa manera, los predios no contaban con una custodia permanente.
Mediante el poder falsificado, los implicados actuaban en nombre de los propietarios y realizaban ventas ficticias entre ellos, sin pagar o abonando una suma muy inferior al valor real de los terrenos.
Posteriormente, los predios eran vendidos a terceros compradores de buena fe, obteniendo ganancias de miles de dólares. Para concretar esas operaciones utilizaban una inmobiliaria de Piriápolis.
El propietario de esa inmobiliaria se encuentra requerido. Según su defensa, actualmente está de vacaciones en Brasil y regresaría este domingo. También fueron requeridos su esposa, su suegra y una escribana.
Dos de los principales involucrados fueron imputados y deberán afrontar un juicio oral.
Uno de ellos trabajaba en la inmobiliaria utilizada para las operaciones. Según la investigación, se encargaba de conseguir los terrenos y, en algunas oportunidades, concurría a padrones ocupados presentándose como propietario e intimando a quienes se encontraban allí a retirarse bajo amenazas de embargo.
Esta persona fue imputada por asociación para delinquir, dos delitos de uso de documento público falso y otros dos delitos de estafa.
El segundo imputado habría facilitado el poder del escribano fallecido. Durante un allanamiento realizado en su domicilio fueron encontrados un sello y fotocopias de documentos utilizados por el profesional fallecido.
Además, declaró ante la Fiscalía que el propietario de la inmobiliaria y su empleado se habían acercado a él para llevar adelante la maniobra.
Fue imputado por asociación para delinquir, falsificación de documento público y estafa.
Según la Fiscalía, ambos participaron de todos los negocios ilícitos y mantuvieron una conducta delictiva continuada en el tiempo.
El Ministerio Público había solicitado 90 días de prisión preventiva para los dos imputados, argumentando que podían entorpecer la investigación si entraban en contacto con las personas que aún deben ser detenidas o con otros testigos.
Sin embargo, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera dispuso arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre de este año, además de prohibirles comunicarse con las demás personas mencionadas en la investigación.
La magistrada entendió que esas medidas resultaban suficientes para evitar un eventual entorpecimiento de la investigación y consideró el planteo de la defensa, que sostuvo que los imputados desconocen el paradero de las personas que permanecen requeridas.
Por otra parte, las otras dos personas que comparecieron ante la Justicia habían participado solamente en algunas operaciones de la maniobra y alcanzaron un acuerdo abreviado con la Fiscalía.
Una de ellas es una mujer que, según la investigación, participó en el esquema sin saber que las operaciones estaban basadas en un poder falso. El otro es su pareja, quien intervino en operaciones puntuales.
Ambos fueron condenados por asociación para delinquir y estafa y deberán cumplir 18 meses de libertad a prueba.
La Fiscalía sospecha además que otras cuatro personas integran la organización y ya se libraron órdenes de detención. Un quinto presunto participante falleció.
El País