La Comisión Investigadora de la Asamblea General que analiza el proceso de adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV) a la empresa española Cardama cerró este lunes la etapa de entrevistas y comenzó a trabajar en los informes que serán elevados a la Asamblea General.
El Frente Amplio prepara un informe en mayoría, mientras que los sectores de la oposición prevén presentar varios documentos en minoría.
La comisión tiene plazo hasta el domingo 23 de agosto para entregar sus conclusiones. Según lo resuelto, los informes serán presentados el viernes de la próxima semana y posteriormente la Asamblea General deberá definir la fecha para su discusión.
El senador Eduardo Brenta, integrante de la comisión por el Frente Amplio, sostuvo que la documentación reunida y las declaraciones de militares y civiles que participaron del proceso son suficientes para elaborar los informes.
Brenta confirmó a Diario La R que toda la documentación de la comisión será remitida a la Fiscalía, en respuesta a un pedido del fiscal Gilberto Rodríguez, quien lleva adelante la investigación penal sobre el caso.
El senador señaló que el cierre de la etapa parlamentaria no implica el final del proceso, sino que abre una nueva instancia en el ámbito judicial y en las acciones que desarrolla el Estado para intentar recuperar los recursos comprometidos.
Por su parte, el diputado Joaquín Garlo destacó la importancia de la investigación parlamentaria para esclarecer el proceso que culminó con la firma del contrato entre el Estado uruguayo y Cardama.
Desde el Frente Amplio, Garlo afirmó que durante la investigación se constataron “irregularidades en el marco de la constitución de las garantías y también de los pagos realizados durante el gobierno anterior”. Según adelantó, esos elementos serán incorporados al informe en mayoría que presentará la bancada oficialista.
El diputado también sostuvo que la comisión recibió documentación que, según su interpretación, demuestra que el acta original de un escribano español no coincide con la documentación presentada posteriormente por la empresa. Garlo calificó el documento como adulterado y señaló que será la Justicia la que deberá determinar quién intervino, cómo se produjo y con qué finalidad.
Garlo también vinculó las garantías con los pagos realizados por el Estado. “La garantía estaba atada a los pagos. Si no había garantía, no había pagos”, afirmó, y sostuvo que los pagos no debieron realizarse si la garantía presentada no era válida.
Brenta, por su parte, cuestionó la capacidad de la empresa para llevar adelante la construcción de las patrulleras y señaló que durante el proceso se presentó una sucesión de garantías que, a su entender, generaron irregularidades.
El senador sostuvo que la investigación parlamentaria dejó en evidencia que el Estado terminó trabajando con una empresa que, según su interpretación, presentó documentación falsa en reiteradas oportunidades.
Lacalle Pou no fue convocado
Durante los últimos días había circulado la posibilidad de que la Comisión Investigadora convocara al expresidente Luis Lacalle Pou para que explicara el procedimiento seguido durante su administración.
Garlo negó que esa posibilidad haya sido planteada formalmente por el Frente Amplio.
Brenta reconoció que la idea circuló de manera informal, incluso en conversaciones entre integrantes de la comisión, pero explicó que finalmente se entendió que no era necesario avanzar con esa convocatoria.
Varios informes
El cierre de la comisión apunta a la presentación de un informe en mayoría y varios documentos en minoría.
Además del informe que elaborará el Frente Amplio, se prevé que la Coalición Republicana, integrada por blancos, colorados e independientes, presente un documento conjunto.
También podrían presentarse informes separados de Cabildo Abierto e Identidad Soberana.
diarioLaR