El Instituto de Colonización incorporó 118.000 hectáreas a su cartera de tierras de 2005 a 2017, uno de los períodos de mayor crecimiento en sus 70 años de historia, destacó la presidenta del ente, Jacqueline Gómez, tras agregar que el año pasado compró 10.814 más por 33 millones de dólares y adjudicó 13.151 a 212 productores familiares. “La distribución de tierras es también una política de redistribución de riqueza”, apuntó.
Para unidades de producción familiar, el Instituto Nacional de Colonización (INC) otorgó 5.831 hectáreas el año pasado, 65 % por medio de un sistema de cotitularidad, a las cuales se agregan otras 7.320 para emprendimientos colectivos. Hasta ahora hay 192 proyectos asociativos en más de 88.000 hectáreas que comprenden a 2.136 beneficiarios directos.
En un balance de lo realizado e2017, en momentos de un nuevo aniversario de su creación, este viernes 12, el INC informó que agregó 10.814 hectáreas a su cartera de tierras, con una inversión de 33 millones de dólares, a la vez que adjudicó 13.151 hectáreas a 212 familias a través de llamados abiertos para proyectos colectivos en lechería, horticultura y granja.
La afectación total de tierras del INC alcanza en la actualidad a unas 600.000 hectáreas, mientras que entre 2005 y 2017 la incorporación al Estado totalizó 118.177 hectáreas.
“En la historia de 70 años del ente, este ha sido de los períodos con mayor impacto en la inclusión de tierras”, resaltó Gómez en diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional. “Esto habla de la definición política y de que los recursos estuvieron disponibles para hacer la inversión en compra de tierras”, añadió.
Los fondos del INC para invertir en tierras provienen de los tributos a las transacciones de compra-venta de predios y del propio superávit del organismo, explicó Gómez.
La dependencia dispone de un presupuesto anual de unos 30 millones de dólares para realizar esas inversiones de tierras y cuenta predios en todos los departamentos del país, a excepción de Montevideo.
En 2017, los llamados a emprendimientos familiares permitieron ampliar la cantidad de tierras en los departamentos de Rocha y Rivera, dos de los lugares donde existía una menor presencia de Colonización.
“Eso genera un impacto muy positivo en las familias que son usuarias del INC, la posibilidad de reafirmar la producción familiar y darle la oportunidad a los asalariados rurales que no podrían hacerlo sin esas tierras”, aseguró.
Una vez adjudicadas las tierras, el INC realiza el seguimiento correspondiente para dar cumplimiento a la ley 11.029, dijo Gómez. Para ello, se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Ganadería, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, UTE, los institutos de Empleo y Formación Profesional y Nacional de Cooperativismo y el Plan Agropecuario.
El objetivo es que los colonos “también puedan ser beneficiarios de las políticas diferenciales definidas por el Gobierno”, precisó.
Las líneas de trabajo para este año y lo que resta del actual período de gobierno hasta marzo de 2020 estarán dirigidas a “mantener y fortalecer el rol que le ocupa al INC en la política de tierra, los procesos de desarrollo rural y el mantenimiento de la producción familiar y asalariados rurales”, indicó.
Para Gómez, la política de distribución de tierras impulsada por el INC es también una política de redistribución de la riqueza. “Los recursos que utilizamos para la compra de tierra, que se mantienen en propiedad del Estado, provienen de las ventas de campo y esos mismos recursos vuelven al sector a través de las tierras de colonización dando oportunidades de trabajo y de vida los sectores más vulnerables del medio rural”, señaló.
