La comisión parlamentaria que analiza el caso Cardama inicia este lunes una etapa clave de su trabajo, tras cerrar la fase centrada en los antecedentes del proceso de adquisición de patrulleras oceánicas (OPV).
El nuevo enfoque estará puesto en el período comprendido entre 2020 y 2026, considerado el tramo más sensible desde el punto de vista político, ya que abarca las decisiones que derivaron en la firma y posterior rescisión del contrato con el astillero español.
El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, confirmó que la comparecencia del excomandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso —quien ocupó el cargo entre 2015 y 2018— marcará el cierre de la etapa vinculada a los gobiernos del Frente Amplio (2010-2020).
“Vamos a cerrar toda la primera etapa con este testimonio, que había quedado pendiente”, explicó Abdala, quien no prevé grandes novedades en esta instancia.
A partir de ahora, la comisión redefinirá su agenda para avanzar sobre los hechos más recientes. Este tramo es considerado clave por concentrar las decisiones administrativas, técnicas y políticas que derivaron en el fallido contrato.
El inicio de esta nueva fase coincide con la incorporación de documentación relevante al expediente. Según Abdala, parte del material fue remitido por el Ministerio de Defensa tras un pedido realizado por la comisión.
Los documentos ya están siendo analizados por los equipos técnicos y se espera que permitan esclarecer aspectos aún poco claros del proceso.
No obstante, el funcionamiento de la comisión sigue generando debate. El grupo no tiene carácter formal de investigadora, lo que limita sus facultades y abre interrogantes sobre el alcance de sus conclusiones.
En paralelo, el caso continúa teniendo derivaciones políticas y jurídicas. El gobierno sostiene que la rescisión del contrato con Cardama es firme y que no hay margen para revertirla en el plano administrativo, al tiempo que considera improbable un arbitraje internacional.
La empresa, por su parte, cuestionó la actuación del Estado y solicitó el retiro de estructuras construidas en el astillero de Vigo, lo que es interpretado por el Ejecutivo como un reconocimiento de la propiedad de esos bienes.
Además, el Ministerio de Defensa mantiene en curso una investigación administrativa, que ya derivó en un sumario a un funcionario y podría ampliarse.
diarioLaR