El diputado nacionalista por Maldonado, Federico Casaretto, se refirió a la situación de seguridad, al narcotráfico y a los recientes atentados contra autoridades del sistema judicial durante una entrevista en el programa Radio con Todo, de RBC.
Casaretto advirtió que Uruguay enfrenta un fenómeno global que ha cambiado la naturaleza del crimen organizado. Señaló que el narcotráfico opera con recursos superiores a los de muchos Estados y que el país dejó de ser solo una zona de tránsito para convertirse en un territorio donde estas organizaciones ya generan consecuencias directas.
Como ejemplos, mencionó los ataques contra la fiscal Mónica Ferrero y las amenazas dirigidas a una jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a quien incluso se le insinuó la posibilidad de un atentado contra su familia. Según el diputado, estos hechos representan ataques a la institucionalidad democrática, no solo a las personas involucradas.
El legislador sostuvo que el combate al narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto de todos los partidos, ya que las organizaciones criminales “no distinguen colores políticos” y buscan influir en distintos ámbitos del Estado.
Casaretto cuestionó además el accionar del actual gobierno en materia de seguridad. Afirmó que la “mesa de diálogo” instalada por el Ejecutivo para elaborar propuestas demorará demasiado tiempo en generar resultados concretos, lo que —según expresó— implicará “años de inacción” antes de que se aprueben nuevas leyes. También criticó declaraciones iniciales del ministro del área, a quien reprochó haber dicho que “la lucha contra el narcotráfico está perdida”.
El diputado manifestó preocupación por la posible infiltración del narcotráfico en el sistema de justicia y mencionó casos registrados en otros países. Planteó que la presencia de profesionales vinculados al crimen organizado en ámbitos como Fiscalía o el Poder Judicial es un riesgo que debe ser atendido con urgencia. Según señaló, la capacidad económica de estas organizaciones facilita la corrupción de funcionarios con salarios relativamente bajos.
Casaretto también advirtió sobre la posible influencia del narcotráfico en campañas políticas y remarcó la importancia de fortalecer los controles sobre el financiamiento partidario y las normas antilavado. En este sentido, explicó el funcionamiento del lavado de activos y sostuvo que, si bien Uruguay cuenta con regulaciones estrictas, las organizaciones criminales se adaptan constantemente, lo que obliga a actualizar la legislación.
Respecto a las inversiones en Punta del Este, el legislador señaló que la mayoría de las construcciones y emprendimientos provienen de empresarios radicados desde hace años en Uruguay, y que cuando aparecen actores vinculados a actividades ilícitas “generalmente terminan mal”.
Finalmente, Casaretto destacó que el Parlamento trabaja para aprobar antes del 15 de diciembre la nueva ley de lavado de activos, ya votada en el Senado, y que considera clave para enfrentar el avance de estas organizaciones en el país.