La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre lavado de activos enviado por el Poder Ejecutivo. No obstante, la votación dejó un escenario fragmentado y varios artículos no alcanzaron las mayorías necesarias.
El diputado del Partido Nacional por Maldonado, Federico Casaretto, cuestionó la iniciativa y sostuvo que “este proyecto es el proyecto de Jorge Díaz”. Además, señaló que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) ya no depende del Ministerio de Economía, sino de Presidencia de la República, por lo que —según afirmó— la aplicación de la norma quedaría bajo la órbita de Jorge Díaz.
Casaretto advirtió que el texto habilitaría la incautación de documentación sin orden judicial, incluyendo material de estudios notariales, contables y jurídicos. “No estamos en contra de las inspecciones ni de que se obtengan copias, pero llevarse los originales no da garantías”, expresó.
Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez defendió la continuidad de la Fiscalía especializada en lavado de activos y consideró que necesita más tiempo para consolidar su funcionamiento.
Recordó que la Fiscalía fue creada en 2023 y que, si bien asumió numerosos casos, no contó —según su visión— con el respaldo funcional suficiente, como cargos de contadores y personal administrativo para abordar investigaciones complejas.
Rodríguez sostuvo que en los últimos meses la Fiscalía avanzó en causas relevantes, entre ellas la denominada “Conexión Ganadera”. A su entender, derogar o eliminar la Fiscalía especializada sería “un retroceso”.