La garantía que presentó Cardama estaba acompañada de un documento supuestamente hecho por el notario español Luis Calabuig de Leyva, quien dijo a Búsqueda que esa acta “es posible que sea una falsificación”
El astillero Cardama completó un proceso de once meses y siete intentos fallidos para presentar una garantía bancaria emitida por EuroCommerce Bank por más de cuatro millones de euros. Este documento era un requisito indispensable para activar el contrato de 82 millones de euros con el Estado uruguayo, destinado a la construcción de dos patrulleras oceánicas. La firma que validaba la garantía correspondía a Alex Walsh.
La garantía de fiel cumplimiento no estaba traducida al español ni contaba con la certificación de firmas que suelen requerir este tipo de operaciones internacionales. Como único aval complementario, se adjuntó un acta notarial redactada en España, supuestamente elaborada por el notario Luis Calabuig de Leyva, en la que un tercero, Francisco Sabater Cabanes, declaraba que Walsh tenía las facultades necesarias para firmar en representación del banco.
El estudio jurídico Delpiazzo Abogados, asesor del gobierno, cuestionó la validez de la documentación. En un informe del 6 de noviembre, indicó que no se podía acreditar la representación legal de Walsh sobre EuroCommerce LTD. El acta notarial solo afirmaba la licitud del contenido, sin certificar la firma ni la representación del firmante.
Nuevo acta y sospecha de falsificación
Posteriormente, se presentó un nuevo “acta de manifestación” fechada el 15 de noviembre de 2024, donde Calabuig de Leyva daba fe de que Walsh tenía facultades suficientes para emitir y firmar la garantía. Sin embargo, al ser contactado por el semanario Búsqueda, el notario español negó haber firmado el documento y calificó la situación como posible falsificación. Todos los intentos de comunicación con su despacho resultaron infructuosos.
Calabuig de Leyva explicó que los notarios españoles no emiten “certificaciones” como se atribuía al acta, sino legitimación de firma, es decir, dan fe de que una persona firma un documento en su presencia, sin certificar el contenido. Tras revisar sus archivos, indicó que no había registro del acta en cuestión, aunque sí halló un documento firmado por su colega Vicente Tomás Bernart, cuyo sello aparece en el acta cuestionada, lo que refuerza las sospechas de falsificación.
Denuncia penal y rescisión del contrato
El gobierno uruguayo presentó el miércoles 22 una denuncia penal, ante la posibilidad de que el Estado haya sido víctima de un fraude. La primera señal de alarma surgió al constatar que la dirección registrada para EuroCommerce Bank correspondía a una inmobiliaria y no a un banco.
Se detectó además que EuroCommerce LTD, constituida en el Reino Unido, estaba en proceso de baja del registro mercantil, y la dirección publicada en su web fue modificada para coincidir con otra asignada por la autoridad británica, utilizada por miles de empresas.
Ante esto, el gobierno decidió rescindir el contrato, que ya había ejecutado aproximadamente 30 millones de dólares. La medida generó críticas de la oposición, que advirtió que podría exponer al Estado a juicios millonarios por daños y perjuicios.
El senador Pedro Bordaberry sostuvo que el Estado debió intimar al contratista a sustituir la garantía antes de declarar la rescisión y calificó el acto de mala fe. Por su parte, el Directorio del Partido Nacional anunció que interpelará a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y consideró “grave” la decisión, señalando que deja a Uruguay “por años sin poder custodiar el mar frente al crimen organizado y al robo de nuestras riquezas”. El expresidente Luis Lacalle Pou calificó el episodio de “grave y triste” y acusó al gobierno de haber tomado “una decisión política y no jurídica”.
Dijo que el actual mandatario, Yamandú Orsi, “se pasó de rosca” al anunciar la rescisión del contrato para la compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama por presunto “fraude” o “estafa”.
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