Los dirigentes de Cabildo Abierto, Eduardo Lust y Guillermo Domenech, se reunieron ayer a la tarde con el director de Presidencia, Hebert Paguas, para pedirle la destitución de Jorge Díaz, fiscal de Corte, dado que pidió una investigación administrativa a la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, por su militancia en el Partido Nacional. Esa magistrada tuvo a cargo el caso del exintendente blanco coloniense Carlos Moreira. Ese caso, Charquero lo archivó y decidió absolver al exjefe comunal.
Díaz, en tanto, se excusa en que decidió tomar esa decisión para «dar garantías». Domenech dijo a la prensa que se reunieron con Delgado para que «se tomen medidas en aras de la independencia de los fiscales y del prestigio de la justicia dada la indebida intromisión del fiscal general de la Nación en la independencia de los fiscales».
«Creemos que esta investigación ordenada es la gota que ha derramado el vaso, hay un cúmulo de irregularidades cometidas que afectan la independencia de los señores fiscales y estamos particularmente preocupados en preservarla», agregó.
«Quizás podría despertarnos suspicacia la anterior militancia política del señor fiscal», dijo Domenech, y agregó: «Es público y notorio y corre el rumor que ha sido militante del Partido Comunista». Domenech dijo que ahora Cabildo Abierto espera una respuesta del Poder Ejecutivo acerca de su planteo para remover al fiscal de Corte.
«En la nota Cabildo Abierto le pidió al Poder Ejecutivo que así como actuó rápidamente con el presidente de Antel solicitándole su renuncia por un eventual intento de presupuestar gente, como la Fiscalía es un servicio descentralizado, pedimos que destituya al fiscal», agregó Lust. «Lo que hacemos es una denuncia de un proceder inapropiado que viola la Constitución y la ley», sostuvo.
En tanto, ayer el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, solicitó a Díaz una reunión formal. El nacionalista había dicho más temprano en cuanto a la fiscal Charquero y su militancia en el partido, que «no tiene conocimiento» y que tampoco la conoce como dirigente. «Pero varios fiscales han tenido actividad política y hay que saber si eso te descalifica», acotó.
«Cuando hay temas de inquietud lo que hay que hacer es averiguar, queremos preguntar, nada más. Lo que genera es interés por averiguar, tampoco podemos entrar en un mecanismo de intervenir en la Justicia, de ninguna manera. No queremos intervenir, pero tampoco vamos a permitir que nadie se meta», agregó. Finalmente, Iturralde dijo que la política y la Justicia tienen puntos de contacto, pero el tema pasa cuando se judicializa la política o cuando se politiza la Justicia. «El tema son los marcos normativos dentro de los cuales va moviéndose», puntualizó.
Según informó el periodista fernandino Carlos Peláez, Charquero integró el equipo de seguridad de la campaña del actual presidente Luis Lacalle Pou en 2014. Además, integraba la lista 404 del Partido Nacional en Paysandú.
Luego de la reunión con Díaz, Iturralde pidió no entrar en una «caza de brujas» y no centrarse en lo que llamó «pasado ideológico» de las personas. Señaló que en este caso se busca el «resguardo de los derechos de los ciudadanos».
El fiscal de Corte pidió en el programa radial Punto de Encuentro de Radio Universal «absoluta tranquilidad» en el tema. «Desde el punto de vista de la imagen de la institución, no es lo que uno desearía que hubiera pasado. Pero yo confío plenamente en los fiscales», dijo Díaz.
En la ley orgánica de la Fiscalía se establece en su artículo 50 que el cargo de fiscal es incompatible, entre otras cosas, «con cualquier función pública honoraria, excepto aquellas especialmente conexas con el ejercicio del cargo de fiscal». A su vez, en el 56 se define que un fiscal «podrá ser recusado si se comprobare interés personal en el proceso en que interviene afecto, parentesco o enemistad en relación a las partes».
Este fin de semana, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani tramitó un pedido de informes a la Fiscalía para conocer «los elementos que justifican la instrucción de la investigación administrativa», qué es lo que «lleva a pensar que puedan existir actos o hechos irregulares o ilícitos», y en qué año ingresó exactamente la fiscal Charquero a Fiscalía. Díaz sostuvo que la Fiscalía «responderá este pedido como ha respondido absolutamente todos los pedidos de informe que ha recibido, desde que es un ente descentralizado en 2015».
Fuente: La República