El astillero español Cardama retiró la demanda civil millonaria que había presentado contra el Estado uruguayo y comunicó que actualmente analiza otras vías para defender sus intereses.
La notificación judicial se conoció pocas horas después de que el gobierno del presidente Yamandú Orsi resolviera rescindir formalmente el contrato firmado con la empresa.
El 13 de febrero, Orsi anunció en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo daba por terminado el acuerdo firmado en diciembre de 2023 para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) por un monto de 82 millones de euros, debido a lo que calificó como “incumplimientos graves” por parte del astillero.
Ese mismo día, pasadas las 12:30 horas, el mandatario señaló además que el gobierno impulsaría acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo y determinar eventuales responsabilidades institucionales e individuales vinculadas a la aceptación de las garantías presentadas por la empresa.
Menos de dos horas después del anuncio, un abogado del estudio Hughes & Hughes presentó un escrito ante el Juzgado de Conciliación de 2.º Turno solicitando dejar sin efecto la audiencia de conciliación que estaba prevista para el 16 de marzo a las 13:30.
En el documento se señala que la empresa considera que “ya no tiene sentido la conciliación solicitada” y que se encuentra evaluando otras alternativas legales para la defensa de sus derechos.
El pedido de conciliación había sido presentado por Cardama el 18 de diciembre ante el Ministerio de Defensa, como paso previo a una eventual demanda civil. En ese momento, la empresa sostenía que el contrato se ejecutaba con normalidad y dentro de las dificultades habituales de un proyecto de estas características.
El acuerdo original, firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, establecía que el astillero debía presentar dos garantías: una de fiel cumplimiento por 4.113.500 euros y otra de reembolso por 8.227.000 euros, que según la empresa fueron entregadas en tiempo y forma.
La situación cambió el 22 de octubre de 2025, cuando el gobierno denunció públicamente que la garantía de fiel cumplimiento, emitida por EuroCommerce Bank, podría haber sido emitida de forma fraudulenta. Tras ese episodio, tanto el Estado como la empresa presentaron denuncias penales.
En el documento presentado en diciembre, los representantes legales de Cardama señalaron que las autoridades uruguayas no solo cuestionaron la garantía, sino que también afectaron públicamente la imagen del astillero.
Según la empresa, el Estado instaló la idea de que Cardama sería responsable del presunto fraude sin respetar la presunción de inocencia, además de realizar manifestaciones públicas que, a su entender, dañaron la reputación de la firma.
Cardama también sostuvo que estas acciones generaron dificultades en la continuidad del contrato y en la relación con proveedores, lo que finalmente habría vuelto inviable el proyecto.
En términos económicos, el reclamo inicial incluía 53.576.000 euros vinculados a la continuidad de la construcción de las dos embarcaciones, además de una recomposición de la ecuación económica del contrato, cuyos montos aún no estaban definidos.
La empresa estimaba que los daños sufridos superaban los 48 millones de euros, cifra que podía incrementarse.
Tras la rescisión del contrato anunciada el 13 de febrero, Cardama decidió retirar el pedido de conciliación, aunque sin detallar cuáles serán los “otros caminos” legales que evalúa seguir.
Por su parte, el titular del astillero, Mario Cardama, no respondió a consultas periodísticas sobre la nueva estrategia de la empresa.
LaRed21