Argentina apeló el dictamen judicial que determinó que, por el momento, los bienes del empresario y sindicalista de ese país, Marcelo Balcedo y de su pareja, Paola Fiege, quedaran incautados en forma provisoria en Uruguay hasta que finalicen las investigaciones penales.
Según informa hoy el diario El País, en el escrito, Argentina pidió al Tribunal de Apelaciones que le otorgue todos los bienes y el dinero efectivo incautado en Uruguay porque considera que estos son producto de actividades ilícitas cometidas en el vecino país.
En un allanamiento realizado en la casa de Balcedo, la Policía decomisó US$ 500.000 en efectivo y otros US$ 6,2 millones en cofres fort.
“Había fajos de dinero con fajas del Banco Central argentino”, dijo el 20 de febrero pasado el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, en una audiencia en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado que trataba el pedido de extradición del matrimonio realizado por la Justicia de Argentina.
La Fiscalía evaluó en US$ 8 millones los inmuebles y autos de alta grama que poseía la familia Balcedo en Uruguay.
La pareja argentina es acusada de presunto lavado de activos, tráfico de armas, contrabando y apropiación indebida en Uruguay y de supuestas maniobras de lavado de dinero y de extorsión a políticos y a sindicalistas en Argentina.
Medida.
En la audiencia realizada el 20 de febrero en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado para analizar el pedido de extradición, el representante de la embajada argentina, el abogado Jorge Rodríguez Pereyra, dijo que podría haber devolución o reparto de bienes: “Esos bienes o dineros incautados fueron producidos por actividades ilícitas en Argentina”, sostuvo.
El abogado agregó que “se estima que el dinero ingresado a Uruguay por Balcedo alcanza los US$ 15 millones”. Una parte de ellos fue usada para adquirir los bienes incautados.
En su intervención, el fiscal Rodríguez, dijo que no podía pronunciarse sobre los bienes por existir un proceso en curso en Uruguay.
El 7 de marzo pasado, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, resolvió extraditar a Balcedo y a Fiege para ser juzgados en el vecino país.
En cuanto a los bienes, Mainard dijo en su fallo que, de acuerdo a lo previsto por los artículos 18 del Tratado y 24 del Convenio de San Luis, corresponde la conservación temporal de los mismos, bajo condición de restitución.
Agregó, que “no se está en condiciones de pronunciarse” sobre la entrega de los mismos por existir un proceso pendiente en Uruguay, con medidas cautelares trabadas tanto por la justicia local como por Argentina, en el marco de la cooperación internacional.
A través de su embajada, Argentina apeló el fallo de Mainard referido a la entrega de los bienes de los Balcedo.
En la tarde de ayer, Rodríguez contestó el escrito de la representación diplomática señalando que, por el momento, no podía pronunciarse sobre los mismos porque en Maldonado continúa una investigación penal que procura determinar si Balcedo incurrió o no en un ilícito en Uruguay. Es decir, los bienes incautados están bajo una medida cautelar provisoria.
Una fuente del caso indicó a El País que la Fiscalía no sabe en forma fehaciente si algunos bienes de Balcedo adquiridos en Uruguay son producto de actividades ilícitas ocurridas en Uruguay.
Informe.
El 30 de enero de 2017, el entonces fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli, solicitó la formalización de la investigación penal contra Balcedo y Fiege.
El escrito de Morosoli, al que tuvo acceso El País, señala que, de acuerdo a la información preliminar aportada por la Dirección General Impositiva a dicha fiscalía, Balcedo no posee ingresos declarados en Uruguay. “El informe estima que algún ingreso lícito puede provenir de la radio (de Maldonado) que posee (que no presenta en la declaración jurada) y por la venta de ganado, actividad sobre la cual tampoco consta información tributaria”, dice el documento que el fiscal leyó en la audiencia.
Expresa también el documento que el flujo de egresos calculado por la DGI respecto de la pareja y las empresas vinculadas a ella durante el período 2008-2017 alcanza la suma de US$ 14,8 millones.
Un informe del canal argentino de noticias TN dijo que la Justicia del vecino país sospecha que Balcedo, bajo engaño, utilizó a uno de sus empleados para simular un traspaso de esas tierras a su nombre. Esa persona vivió meses en José C. Paz, una localidad bonaerense, trabajando en un camping propiedad del sindicato dirigido por Balcedo, hasta que retornó a Uruguay cuando comenzó a ser investigado.
