La Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) se manifestó sobre el proyecto de Ley Express remitido por el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo.
Sostienen que en el anteproyecto sólo se incluyen aquellas soluciones que han sido aceptadas por el Ejecutivo, y aseguran que “han quedado por el camino” otras posibles medidas propuestas por el colectivo de profesionales universitarios.
“En el anteproyecto no hay ni mención al justificado ajuste del Art. 71 y a la ayuda financiera del Poder Ejecutivo para evitar quedar sin ninguna reserva y en déficit. Apenas se nombra la posibilidad, recién a partir del 2025, de recibir fondos condicionados a aumentos de los aportes de los activos”, afirman desde AUDU.
Sostienen, sin embargo, que el proyecto tiene algunas medidas que a pesar de que representan “un gran esfuerzo” para los afiliados activos y pasivos, “son necesarios para mejorar la viabilidad al instituto”.
“Nadie debe olvidarse que la CJPPU se rige por la ley y que todos los organismos de seguridad social se resienten con el aumento de la esperanza de vida, y ambas cosas están en la base de los problemas financieros. Han sido infructuosas las propuestas de la CJPPU para modificar la ley, presentadas hasta el 2020, y luego de la pandemia ya eran necesarios cambios más profundos. Dichas propuestas contaban con el apoyo de todos los gremios profesionales de la Agrupación Universitaria, y hoy los cambios necesarios no admiten más demoras”, aseguraron.
Y agregaron: “Entendemos que se abre ahora una etapa donde la propuesta puede y debe ser mejorada”.
Desde la AUDU solicitaron a los legisladores incorporar al anteproyecto presentado algunas modificaciones.
“El apalancamiento financiero externo debe comenzar en el mismo momento en que comienzan los aportes extraordinarios de afiliados activos y pasivos. Esperar hasta 2025 para el apalancamiento externo implica que la Caja llegue con un nivel de reservas muy bajo, o sin reservas e incumpliendo con los pasivos”, planteó la Asociación.
Y explicaron que no hay en el proyecto “previsión alguna” ante el incumplimiento de las proyecciones financieras. “Es imprescindible incluir una solución, aunque sea transitoria o subsidiaria, que otorgue cierta tranquilidad a los pasivos y a los activos, para el caso de que las proyecciones del Poder Ejecutivo fallen y ya no se puedan pagar ni las pasividades ni otras obligaciones”, indicaron.
Resaltaron, a su vez, la necesidad de que los ajustes anuales de los valores de los timbres profesionales se realicen considerando el Índice Medio de Salarios, que es como se ajustan las pasividades, para evitar un descalce de los ingresos.
Y sin perjuicio de lo anterior, proponen aumentar razonablemente los incisos A, D y H del artículo 71 (timbres y similares), para reducir la necesidad de apalancamiento externo. “Los aportes por timbres profesionales siempre fueron un pilar del sistema, y no compartimos la visión de que deban eliminarse o que se debilite su efecto”, dijeron.
Por último, consideraron “imprescindible” que los aportes que los jubilados profesionales realizan al IASS, “se vuelquen transitoriamente a la CJPPU hasta que se puedan equilibrar las cuentas de esta institución”. Entienden que el IASS debe financiar a otros subsistemas ocasionalmente, y no solamente al BPS.
“Exhortamos a los legisladores de todos los partidos políticos a considerar estas propuestas que creemos son imprescindibles para darle a la solución presentada una mayor viabilidad y consistencia. Solicitamos asimismo la mayor celeridad en la discusión del proyecto de ley atendiendo los plazos constitucionales en juego”, aseguraron.