Las activistas ambientales Agustina Meloto Domé y Paula Piñeyro Llaguna fueron entrevistadas en el programa Radio con Todos de RBC, donde abordaron diversos temas vinculados a la situación ambiental en Uruguay, entre ellos la prospección petrolera, el hidrógeno verde, la forestación, la industria de la celulosa y el uso inadecuado del espacio natural.
Durante la entrevista, Meloto señaló que “la pandemia intensificó muchísimo los ataques ambientales, tanto en el territorio como en la región, y a nivel global”. Indicó además que actualmente se atraviesa “el coletazo de todo eso” y destacó su participación en la Red Ambiental de Piriápolis y Alrededores, un espacio integrado por ciudadanos, agrupaciones y técnicos que brindan asesoramiento ante situaciones que afectan al ambiente.
Asimismo, explicó que, incluso antes de la creación de esa red, se conformó la Unidad de Denuncia Ambiental Ciudadana, un colectivo que trabaja desde hace varios años en la investigación y el seguimiento de procesos de defensa del territorio a través de denuncias ambientales. “Es la única herramienta que tenemos como ciudadanos cuando se violan derechos ambientales, que son derechos comunes”, afirmó.
Meloto sostuvo que ese trabajo derivó en un profundo análisis del marco legal vigente. “No hablamos de leyes que falten aprobar, sino de legislaciones que ya existen y que reconocen derechos adquiridos, pero que no se reflejan en lo que ocurre en los territorios. En muchos casos, esas normas son vulneradas por las propias autoridades”, expresó.
Consultadas sobre la respuesta de las autoridades, las activistas señalaron la ausencia de un sistema eficaz de denuncia y defensa ambiental. Meloto remarcó que no se puede hablar de una única respuesta institucional, ya que cada territorio presenta realidades distintas, pero advirtió sobre la falta de aplicación del marco normativo existente.
En ese sentido, subrayó el rol de los municipios, que cuentan con amplias competencias en materia ambiental. “El problema no es la falta de leyes, porque el marco legislativo es amplio y sólido; lo que falta es un sistema real de aplicación y control”, sostuvo.
También cuestionó la asignación de recursos públicos, al señalar que se destinan grandes sumas a procesos burocráticos para emprendimientos públicos y privados, pero muy pocos fondos al control de su cumplimiento y a la prevención de impactos ambientales.
Respecto a la prospección petrolera, Meloto advirtió que se trata de una actividad contradictoria con la transición energética y la descarbonización que promueve Uruguay. “No existe en ninguna parte del mundo un antecedente de extractivismo petrolero sin devastación, ecocidio y daños irreversibles. Está comprobado”, afirmó, y expresó su preocupación por que desde el Ministerio de Ambiente se hable de medidas de mitigación antes incluso de las audiencias públicas.
Por su parte, Paula Piñeyro hizo referencia al principio precautorio, que establece la necesidad de actuar preventivamente ante la posibilidad de daños ambientales irreversibles, aun cuando no exista certeza científica absoluta. “Si hay riesgo de impactos graves, la actividad debería suspenderse hasta contar con información clara”, señaló.
Finalmente, Meloto cuestionó la viabilidad del proyecto Uruguay Azul 2030, que propone proteger el 30 % de las áreas marinas, cuando —según indicó— el 60 % del territorio marino ya fue cedido a empresas petroleras. “No se puede dividir el mar como si los impactos no se superpusieran. Con el extractivismo petrolero, la pesca y las áreas protegidas desaparecerían”, concluyó.