Una mujer de 28 años fue condenada a diez meses de prisión en régimen de libertad a prueba por reiterados delitos de desacato y retiro de dispositivo electrónico, tras incumplir medidas judiciales vinculadas a un caso de violencia doméstica.
El pasado 17 de junio, sobre las 23:00 horas, el área de Dirección de Monitoreo Electrónico (DIMOE) del Centro de Comando Unificado recibió una alerta que indicaba que una mujer conectada al sistema de monitoreo por violencia doméstica había abandonado el dispositivo electrónico en la zona de Camino de los Gauchos, en la ciudad de Maldonado.
Ante la situación, personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Zona Operacional II y efectivos de la Seccional 6.ª de Maldonado Nuevo concurrieron al lugar, donde localizaron el dispositivo abandonado.
Se desplegó entonces un operativo para ubicar a la mujer, quien fue localizada y detenida en la madrugada del 18 de junio en las inmediaciones de Camino de los Gauchos y calle Parabera, cuando se encontraba cerca de la vivienda de su expareja.
Durante el registro corporal, los efectivos hallaron entre sus pertenencias una pistola de aire comprimido, que fue incautada. Posteriormente fue trasladada a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.
Según la información policial, ya existían reiteradas intervenciones previas debido a incumplimientos de las medidas cautelares impuestas, que incluían acercamientos al domicilio de su expareja y el abandono del dispositivo de rastreo en la vía pública.
Tras la actuación de la Fiscalía Especializada en Violencia Doméstica y de Género, el 18 de junio se celebró audiencia en el Juzgado Letrado de 1.º Turno de San Carlos, especializado en violencia de género, doméstica y sexual.
La Justicia condenó a la mujer como autora responsable de reiterados delitos de desacato en reiteración real con un delito de retiro de medio o dispositivo electrónico, imponiéndole una pena de diez meses de prisión a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba.
Entre las obligaciones impuestas figuran la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo por todo el período de la condena, permanencia total en su domicilio durante los primeros siete meses, fijación de residencia supervisada durante los tres meses restantes, presentación semanal en la seccional correspondiente, realización de tareas comunitarias, prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima en un radio de 500 metros y la obligación de someterse a tratamiento por su adicción.