La fiscal Gabriela Fossati dijo a El Observador que “el requisito” que le indicaron “desde Presidencia (para una entrega voluntaria del celular) es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y teniendo en cuenta su investidura me pareció totalmente razonable”.
La Fiscalía de Flagrancia que investiga el caso de los pasaportes adulterados no tiene en su poder los chats entre el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, y el presidente, Luis Lacalle Pou. Según dijo la fiscal Gabriela Fossati a El Observador, ella los excluyó de la investigación a partir de un “requisito desde Presidencia” para la entrega voluntaria del celular.
Desde Presidencia dijeron a El Observador que no hubo ningún requerimiento para entregar el teléfono de Astesiano y que el excustodio lo entregó voluntariamente la noche del 26 de setiembre, cuando fue detenido en la Residencia de Suárez.
Consultada sobre esta versión, Fossati dijo a El Observador: “El requisito que me indicaron desde Presidencia para hacer una entrega voluntaria es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y teniendo en cuenta su investidura, y que era una entrega voluntaria, me pareció sumamente razonable”.
“La entrega del celular fue voluntaria del presidente. Yo no tenía ningún elemento para pedir la
incautación en ese momento”, dijo la fiscal, refiriéndose a la posibilidad de periciar el aparato.
En un escrito que la fiscal dirigió a Policía Científica, con fecha del 3 de octubre, pidió que se utilizaran todas las herramientas que estén a su alcance para recuperar todos los mensajes, audios y videos borrados “con excepción de los mensajes, audios y videos que pueda haber intercambiado con el sr presidente de la República”.
En ese sentido, la fiscal agregó: “Entendí que podía haber información de los movimientos y hábitos de su familia. Las condiciones de trabajo de la fiscalía no pueden garantizar que eso se mantuviera en reserva. Me parece sumamente razonable y me sigue pareciendo sumamente razonable”.
La fiscalía tiene dos formas de acceder al contenido del celular de un detenido. La primera es si su dueño lo autoriza. La segunda es a través de una orden judicial. Esta posibilidad significa que la fiscalía le solicita a un juez competente, en forma fundamentada, por qué es crucial hacerse del teléfono en cuestión. Luego de eso, si el juez hace lugar, la policía puede periciarlo.
En este caso, Presidencia es dueña del celular y por eso requirió excluir los intercambios para la entrega en ese momento, según expresó la fiscal a El Observador. De otra forma, Fossati debería haber pedido al juez la autorización correspondiente, lo que hubiera demorado unos días. Para ella era fundamental acceder cuanto antes al teléfono para iniciar la indagatoria.
En ese momento investigaba únicamente la adulteración de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos y no había mayores indicios de otras líneas de corrupción pública que luego se fueron conociendo a raíz del avance de la investigación.
Aunque no formó parte del intercambio, el fiscal de Corte, Juan Gómez, respaldó la actuación
de Fossati, dijeron fuentes de Fiscalía de Corte a El Observador.
Esta semana, Fossati continuará tomando declaraciones a varios jerarcas policiales. Este martes comparecieron, en calidad de testigos, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario Rodrigo Ferrés.
el observador / foto: Leonardo Carreño